Hace más de 20 años, el fichaje de David Beckham por el Real Madrid marcó no solo una etapa en la historia del fútbol español, sino también en la fiscalidad del país. En julio de 2003, el centrocampista inglés se incorporó a la plantilla de los 'galácticos' y se embolsaba unos 22,4 millones de euros anuales entre salario, derechos de imagen y contratos publicitarios. Pero su residencia fiscal en España -por pasar más de seis meses al año en el país- lo obligaba a tributar aquí por todos sus ingresos, incluidos los generados en el extranjero, con un tipo impositivo que alcanzaba el 47% para rentas superiores a los 300.000 euros.
Ante ese panorama, en 2005 entró en vigor el Régimen Fiscal Especial para Trabajadores Desplazados, una medida que buscaba atraer talento internacional altamente cualificado ofreciendo condiciones más favorables: lo que acabaría siendo conocido como la Ley Beckham.
Qué es y a quién beneficia hoy la 'Ley Beckham'
El régimen especial permite que determinados trabajadores extranjeros que se trasladen a España tributen únicamente por sus rentas generadas en el país, a una tarifa fija del 24% hasta los 600.000 euros. Las rentas extranjeras quedan exentas. No obstante, quedan excluidos los deportistas profesionales, los trabajadores autónomos y los directivos de entidades empresariales.
Pueden acogerse al régimen:
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Trabajadores extranjeros recién trasladados a España por motivos laborales.
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Expatriados con altos ingresos que ocupen puestos directivos.
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Administradores que vienen a desempeñar funciones en una empresa.
Aunque su diseño buscaba claridad y competitividad fiscal, en los últimos años la 'Ley Beckham' ha sido objeto de críticas tanto por parte de asesores fiscales como de sus beneficiarios, quienes denuncian una creciente inseguridad jurídica y trabas burocráticas. Ahora, un bufete internacional lleva estas denuncias a la esfera legal europea.
El bufete Amsterdam & Partners acusa a Hacienda de "persecución fiscal" a beneficiarios del régimen
El despacho británico Amsterdam & Partners LLP ha desatado una tormenta al presentar un informe demoledor contra la Agencia Tributaria española (AEAT), bajo el título Hacienda contra el Pueblo: España y la Ley Beckham. En él, denuncia presuntos abusos sistemáticos, amenazas, e inspecciones arbitrarias contra contribuyentes acogidos al régimen especial.
Robert Amsterdam, socio fundador del bufete, ha calificado las prácticas de Hacienda como "violaciones sistemáticas del Estado de Derecho" e incluso ha descrito la situación como un "clima de miedo" incompatible con una democracia europea. Junto a él, participó en la presentación del informe el experto fiscal Christopher Wales, exasesor de Hacienda en el gobierno de Tony Blair, quien advirtió que si no se acometen reformas, la ley "podría morir" por falta de seguridad jurídica.
El bufete planea iniciar acciones legales en España, el Tribunal de Justicia de la UE (Luxemburgo) y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Estrasburgo). Además, elevará su queja a la Comisión Europea.
Bonificaciones a inspectores, inspecciones retroactivas y falta de garantías
Uno de los aspectos más polémicos del informe es la acusación de que los inspectores fiscales reciben incentivos económicos por aumentar la recaudación. Según Amsterdam & Partners, existe un esquema de bonificaciones por valor de 1.200 millones de euros que premia a los funcionarios por detectar irregularidades, lo que -en su opinión- compromete su imparcialidad. Aseguran que muchos acogidos a la 'Ley Beckham' han sido objeto de inspecciones retroactivas y requerimientos técnicos con plazos ajustados, resultando en liquidaciones fiscales inesperadas con sanciones sustanciales, a pesar de haber accedido a un régimen que prometía seguridad jurídica.
Wales pidió recientemente medidas urgentes como garantizar la presunción de inocencia, dar transparencia a la identidad de los inspectores y proteger a los contribuyentes frente a la arbitrariedad. De lo contrario, advirtió, "España dejará de ser una opción atractiva para profesionales internacionales".
Hacienda niega irregularidades y defiende la legalidad del régimen
Por su parte, la Agencia Tributaria ha salido al paso de las acusaciones. Niega que los inspectores reciban comisiones directas ligadas a los resultados de los expedientes, y subraya que el complemento de productividad no depende de actuaciones individuales. También asegura que, entre los casi 37.000 contribuyentes acogidos al régimen en la última década, solo el 0,5% ha sido objeto de inspección. Y de esas comprobaciones, el 70% se resolvió con acuerdo o conformidad. "Quieren presentarnos como alguien que quiere llevarse el dinero de los españoles y dárselo a los ricos. Eso es basura. Lo que queremos es quitárselo a los contrabandistas. Hemos recabado testimonios de personas, muchos de ellos españoles y pequeños contribuyentes, que están siendo extorsionados. Que les han incautado hasta sus coches. Lo que está pasando en España no es normal, no es democracia", ha asegurado la ministra responsable del ramo, María Jesús Montero.
Además, Hacienda justifica las inspecciones afirmando que ha detectado fraudes estructurados, como la creación de sociedades ficticias en España para simular una relación laboral, o para canalizar plusvalías del extranjero sin tributar ni en España ni en el país de origen. En algunos casos, se ha llegado incluso a presentar denuncias por posible delito fiscal cuando se ha apreciado dolo y cuantías superiores a las previstas en el Código Penal.
quiero que sea una novela que se ubique en Filipinas y cuente la historia de dos mujeres
