España se ha posicionado como uno de los países con mayor carga fiscal sobre la vivienda, tanto en Europa como en el conjunto de la OCDE. Un reciente informe del Instituto de Estudios Económicos (IEE) señala que la tributación efectiva marginal sobre la vivienda en propiedad alcanza el 30,3%, más de 24 puntos porcentuales por encima de la media de la Unión Europea, que se sitúa en el 6,5%. Esta cifra convierte a España en el segundo país de la OCDE con mayor presión fiscal en este ámbito, solo por detrás de Canadá.
El panorama no mejora si se analiza la fiscalidad sobre el alquiler. En este caso, la tributación efectiva se eleva al 44%, frente al 31% que registra de media el conjunto de países europeos. Este diferencial impacta tanto en los propietarios, que deben asumir mayores costes impositivos, como en los inquilinos, que a menudo ven esos costes trasladados al precio final de los arrendamientos.
Esta elevada carga fiscal tiene efectos directos en el mercado inmobiliario. Según el IEE, los impuestos suponen alrededor del 25% del precio final de una vivienda en España, lo que constituye una barrera significativa para muchas familias, especialmente las de ingresos medios y bajos. Además, podría estar contribuyendo al déficit estructural de vivienda que sufre el país. De hecho, se estima que España necesitará construir al menos 2,2 millones de viviendas adicionales para satisfacer la demanda de aquí a 2040.
A este escenario se suman otros factores como la inflación, el encarecimiento del suelo y la rigidez de los trámites urbanísticos, que hacen que el mercado inmobiliario español se encuentre en una encrucijada. Las elevadas cargas fiscales, lejos de contribuir a una solución, podrían estar ahuyentando la inversión tanto nacional como extranjera.
Con el objetivo de revertir esta situación, el IEE propone una reforma integral de la fiscalidad sobre la vivienda. Entre sus propuestas destacan la reducción del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), la introducción de incentivos fiscales para la rehabilitación y la venta de inmuebles, y una revisión profunda de la tributación sobre los alquileres para fomentar su oferta.
Estas medidas buscan equilibrar la necesidad recaudatoria del Estado con la urgencia de garantizar un acceso real a la vivienda y dinamizar un sector clave para la economía. A medio plazo, una política fiscal más razonable y adaptada a la realidad del mercado podría traducirse en un aumento de la inversión, una mayor oferta de vivienda y, en última instancia, precios más accesibles para los ciudadanos.
La elevada fiscalidad sobre la vivienda en España representa un desafío significativo. Sin una revisión seria de estas políticas, España corre el riesgo de perpetuar un mercado tensionado, donde cada vez más ciudadanos ven cómo el sueño de acceder a una vivienda digna se aleja. En este contexto, el debate sobre la tributación es tanto económico como social.
