España enfrenta una sanción diaria de 9.760 euros por no ajustar su legislación a la directiva europea de conciliación, que estipula la retribución de un permiso parental de ocho semanas hasta que los hijos cumplan ocho años. Esta situación ha sido confirmada por la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, quien enfatizó la necesidad de cumplir con la normativa en su intervención durante la Comisión de Trabajo del Congreso.
Díaz declaró que «las familias españolas están esperando» una solución y apuntó que el país no puede tolerar esta situación, que no solo afecta a la conciliación familiar sino que también tiene repercusiones económicas significativas. En sus palabras,
no podemos permitirnos esto, es ineficiente económicamente
. La ministra insistió en que es urgente abordar la conciliación y los cuidados en la sociedad actual.
El pasado 2 de agosto de 2024, finalizó el plazo para transponer la mencionada directiva, que implica que el incumplimiento hasta el momento conlleva una sanción de cerca de 7 millones de euros que España debe pagar a Bruselas. Joaquín Pérez Rey, secretario de Estado de Trabajo, reconoció que estas sanciones se incrementarán si el incumplimiento perdura. Así, la falta de cumplimiento no solo impacta negativamente en las familias, sino que también genera una carga financiera importante para el gobierno español.
