La ‘Ley Rider’ por fin ha llegado a un consenso a nivel europeo. El Consejo y el Parlamento Europeo acordaron este jueves la primera 'Ley Rider' a nivel de la Unión Europea, que aclara el estatus laboral de los trabajadores de plataformas de reparto a domicilio, como Uber Eats, Just Eat, Glovo o Deliveroo, y permitirá corregir el falso trabajo por cuenta propia para garantizar unas mejores condiciones laborales.
El acuerdo político, que aún debe ser refrendado por ambas instituciones para que entre en vigor, llega después de que una "mayoría sólida" de gobiernos europeos frenase el acuerdo político que ya se alcanzó en diciembre bajo la presidencia española del Consejo porque presentaron reservas que tenían que ver con que bastase con identificar dos de los cinco criterios de control recogidos en la norma para identificar a una plataforma como "empleador".
Para salvar esas discrepancias, el acuerdo logrado bajo la presidencia belga del Consejo ha eliminado los criterios y umbrales para introducir una presunción de relación laboral (en contraposición al trabajo por cuenta propia) que se activa cuando concurren hechos que indican control y dirección, de acuerdo con la legislación nacional y los convenios colectivos vigentes, además de tener en cuenta la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).
Así, la directiva obliga a los países de la UE a establecer un criterio nacional que sirva para comprobar si existe una relación laboral, con el objetivo de corregir el desequilibrio de poder entre la plataforma y la persona que realiza el trabajo en la plataforma. Al realizar esa comprobación, los Estados miembro facilitarán la corrección del falso trabajo por cuenta propia.
Por el contrario, cuando la empresa quiere refutar este hecho, le corresponderá demostrar que la relación contractual no es una relación laboral.
Glovo fue multada en enero por emplear de manera fraudulenta a 49 'riders' en Asturias
Las nuevas reglas también garantizan que una persona que realiza trabajos en plataformas no puede ser despedida en base a una decisión tomada por un algoritmo o un sistema automatizado de toma de decisiones. Por contra, las plataformas deberán asegurar la supervisión humana de decisiones importantes que afectan directamente a sus empleados.
Asimismo, se ha introducido un capítulo de transparencia y protección de datos que incluye requisitos para informar y consultar a los representantes de los trabajadores de las plataformas sobre las decisiones de gestión algorítmica. Por lo tanto, es necesario establecer canales de comunicación para que los trabajadores y sus representantes puedan organizarse.
Los antecedentes de la ‘Ley Rider’ en España
En lo que a España compete, la normativa que regula el trabajo de los repartidores que trabajan en plataformas digitales de envío a domicilio entró en vigor el 12 de agosto de 2021 tras una extensa y dura negociación entre agentes sociales y el Ministerio de Trabajo y Economía.
Así, esta ley reconoce la presunción de laboralidad de los trabajadores que prestan servicios retribuidos de reparto a través de empresas que gestionan esta labor mediante una plataforma digital, en línea con la sentencia que dictó el Tribunal Supremo en septiembre de 2020, en la que establecía que los repartidores son trabajadores por cuenta ajena y no autónomos.
Asimismo, la norma contempla que la representación legal de los trabajadores deberá ser informada de las reglas que encierran los algoritmos y los sistemas de inteligencia artificial que pueden incidir en las condiciones laborales por las que se rigen las plataformas, incluyendo el acceso y mantenimiento del empleo y la elaboración de perfiles.
Y desde entonces, las noticias en torno a esta normativa no han cesado. La última noticia que se conoce al respecto corresponde al 18 de enero de 2024, cuando la Inspección del Trabajo multó a Glovo por incumplir la 'ley Rider' en Asturias. Según avanzó 'El Periódico' y confirmaron fuentes oficiales a Europa Press, Glovo fue multada por emplear de manera fraudulenta a 49 'riders' en Asturias.
Joaquín Pérez Rey, secretario de Estado de Trabajo y Economía Social: "Contratar trabajadores sin permiso para que lleven a cabo tareas de reparto (...) constituye una ilegalidad, que obviamente la Inspección de Trabajo persigue y comprueba"
Fuentes de Glovo explicaron que se trataba de una propuesta provisional de la Inspección Laboral y criticaron que se basa "únicamente en el testimonio de dichos repartidores y no en un análisis de las características operativas actuales de la aplicación de Glovo en España".
Pero las investigaciones por parte de Trabajo han sido múltiples. A principios del pasado enero, el secretario de Estado de Trabajo y Economía Social, Joaquín Pérez Rey, aseguró que la Inspección de Trabajo está investigando para "perseguir y comprobar" en todo el país las denuncias de uso fraudulento de inmigrantes en situación irregular para hacer entregas, tal y como ya se está haciendo en Zaragoza ante denuncias de este tipo a empresas como Uber Eats o Glovo.
Al ser preguntado por los medios por la subcontrata de dichos extranjeros sin papeles por parte de estas empresas en Zaragoza, Pérez Rey apuntó que la Inspección de Trabajo lleva a cabo una campaña "concienzuda y sistemática" en estas plataformas digitales de reparto para "comprobar" el cumplimiento de la 'Ley Rider' y "perseguir" a las empresas que no lo hacen. "Contratar trabajadores sin permiso para que lleven a cabo tareas de reparto (...) constituye una ilegalidad, que obviamente la Inspección de Trabajo persigue y comprueba", indicó.
De este modo, Inspección de Trabajo está investigando la subcontrata de trabajadores inmigrantes en situación irregular por parte de trabajadores de empresas como Globo y Uber Eats para realizar repartos. Estos trabajadores irregulares estarían trabajando sin permiso, con identidades falsas, sin estar asegurados y desprotegidos ante posibles accidentes e incluso teniendo que dar parte de sus ganancias a los intermediarios por usar su cuenta de estas plataformas, según dio a conocer 'El Periódico de Aragón'.
Pérez Rey señaló que esta campaña de la Inspección se está coordinando desde la Dirección Especial de la Inspección de Trabajo y se realiza en Aragón, al igual que en el resto de las poblaciones donde las plataformas digitales desempeñan sus cometidos.
Así, aseguró que el uso de trabajadores extranjeros sin autorización o la subcontrata de licencias para repartir son situaciones que desde la Inspección de Trabajo "ya se ha puesto de manifiesto" y que se está abordando.
Por otro lado, al ser preguntado sobre el escrito en relación con una nueva investigación a Glovo por una presunta vulneración del derecho a la intimidad de sus trabajadores anunciada hace unos meses por la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, Pérez Rey señaló que se enviaría "en breve", ya que se está realizando una labor muy detallada de recopilación de datos que está "llegando a su fin", aunque aún se desconoce su fecha de emisión.
Pero, ¿a qué investigación hacía referencia Pérez Rey? El pasado octubre, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, anunció que la Inspección de Trabajo había abierto una nueva investigación sobre Glovo por presunta vulneración del derecho a la intimidad de sus trabajadores.
"Estamos viendo hoy cómo en España la Inspección de Trabajo acaba de abrir una nueva investigación respecto a Glovo porque está vulnerando presuntamente nada más y nada menos que la intimidad de los trabajadores fuera del desempeño de su actividad profesional", dijo la vicepresidenta.
De hecho, el pasado agosto el propio Ministerio de Trabajo afirmó estar requiriendo a las plataformas de reparto a domicilio el cumplimiento de las sentencias que han fallado que las personas contratadas como autónomas son, en realidad, trabajadoras por cuenta ajena.
Y es que, según el Ministerio, se habían detectado allá por agosto casos en los que los trabajadores de estas plataformas seguían prestando servicios a través de la figura de trabajador autónomo, pese a que el 12 de agosto de 2021 entró en vigor la ‘Ley Rider’.
La respuesta de Glovo
Entre tantas sanciones y propuestas de sanción, las empresas también han decidido prepararse para estas multas. En concreto, la matriz de Glovo anunció en noviembre que provisionaría hasta 45 millones trimestrales por posibles multas a sus ‘riders’.
En concreto, Delivery Hero, la plataforma alemana propietaria de Glovo, afirmó que comenzaría a declarar en sus cuentas trimestrales entre 30 y 45 millones de euros como "pasivo contingente" para afrontar las potenciales multas a la compañía por parte de la Inspección de Trabajo en España.
La plataforma de 'delivery' precisó en una presentación que acompañaba a la información de actividad correspondiente al tercer trimestre que había decidido provisionar una cantidad máxima de 200 a 400 millones de euros como pasivo contingente para el periodo comprendido entre agosto de 2021 y julio de 2023.
En este sentido, la alemana informó de que las autoridades laborales españolas habían remitido a la compañía una primera acta referida a 49 repartidores, de unos 19.000, que trabajan bajo el modelo FLEX, aplicado por la empresa desde la entrada en vigor de la Ley Rider en agosto de 2021, añadiendo que Glovo no está de acuerdo con la propuesta enviada por las autoridades y la recurrirá una vez finalizada.
De tal modo, de manera adicional a la provisión de entre 200 y 400 millones de euros, la plataforma explicó que tenía la intención de continuar declarando "30-45 millones de euros por trimestre como pasivo contingente hasta que se encuentre una resolución".
A este respecto, la multinacional aseguró que Glovo continuaría revisando su modelo y ajustándolo cuando sea necesario para abordar cualquier inquietud razonable de cumplimiento por parte de la Autoridad Laboral.
"Delivery Hero y Glovo siempre están abiertos al diálogo y a encontrar una solución a largo plazo con el Gobierno y otras partes interesadas en España", subrayó, recordando que la plataforma opera en más de 70 mercados y expresando su compromiso de "trabajar con el Gobierno español para encontrar una solución que funcione para todas las partes involucradas".
No obstante, la compañía advirtió de que "teniendo en cuenta el panorama político, Delivery Hero espera que la Autoridad Laboral continúe con su procedimiento". Por tanto, habrá que ver qué ocurre ahora, con la llegada de una nueva ‘Ley Rider’ recién aterrizada desde Bruselas.
