Facua-Consumidores en Acción ha lanzado una plataforma para ayudar a aquellos ciudadanos que deseen reclamar a sus municipios la devolución de la Tasa de Gestión de Residuos (TGR), aplicada de manera «irregular». Según el comunicado emitido por la organización el lunes pasado, se han identificado «irregularidades» en ciudades como Madrid, Badajoz, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, León y Zamora. Facua se encuentra actualmente investigando otros municipios para determinar si la aplicación de la tasa también es «reclamable» allí.
Para realizar la reclamación correspondiente, los interesados deben visitar el portal de Facua. En el sitio web encontrarán información detallada y podrán descargar modelos de reclamación para dirigirse a los ayuntamientos de sus ciudades. Los usuarios tienen un plazo de 30 días a partir de la notificación de pago para presentar un recurso de reposición, aunque esto no exime el pago de la tasa, según aclara la organización de consumo.
La asociación revela que el impuesto de residuos proviene de la trasposición de una directiva europea incorporada en la Ley 7/2022 sobre residuos y suelos contaminados para una economía circular. Esta normativa obliga a los municipios de más de 5.000 habitantes a establecer un sistema que refleje el coste real de la gestión de residuos, promoviendo la reducción y el reciclaje. Como resultado, numerosos ayuntamientos han aprobado tasas nuevas para cubrir los gastos de recogida, transporte y tratamiento de residuos sólidos urbanos. Sin embargo, Facua denuncia que en «muchos» de estos municipios, la tasa se ha incrementado sin cumplir los requisitos necesarios.
los consumidores acaban pagando «el doble»
, ya que durante la compra de productos abonan una cantidad destinada a su gestión y reciclado. Facua advierte que la tasa debe estar justificada económicamente, considerando los ingresos obtenidos por los ayuntamientos a través de los sistemas de ‘Responsabilidad Ampliada del Productor’, que ya contribuyen a financiar el servicio. La cuantía de la tasa también debería tener en cuenta la capacidad económica del contribuyente, su generación de residuos y debería poder individualizarse conforme a su «comportamiento».
