La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha presentado un informe que revela el impacto considerable de la no corrección por inflación del IRPF en las familias españolas. Un hogar compuesto por cuatro miembros y con unos ingresos brutos de 50.000 euros ha visto una incremento del 30% en la cuota del impuesto, siendo la situación aún más grave para las rentas más bajas. Esta falta de actualización de la escala de gravamen y el mínimo exento del tramo estatal del IRPF, que no han sido revisados desde 2015, se vuelve preocupante dado que la inflación acumulada desde entonces asciende a casi el 27%.
Los expertos de Fedea han señalado que, debido a esta falta de ajuste, la renta monetaria de los contribuyentes incrementa, a pesar de que su poder adquisitivo permanece estancado. Este fenómeno empuja a los contribuyentes hacia tramos impositivos superiores, donde se aplican tipos impositivos más altos, aunque su renta real no haya cambiado.
La subida del impuesto se produce por un procedimiento poco transparente para los ciudadanos
Adicionalmente, el informe aborda la falta de aprobación de la reforma de la ley del suelo y la creación de una Agencia de Salud Pública en España. Fedea considera que el estancamiento de estos proyectos evidencia la dificultad de los partidos políticos, especialmente del PSOE y PP, para alcanzar consensos en cuestiones de trascendencia nacional. Los expertos instan a una reflexión profunda por parte de ambos partidos.
En relación a la reforma de la ley del suelo, Fedea destaca que la necesidad de esta medida radica en los largos plazos de construcción de vivienda, que se ven frecuentemente paralizados por la anulación de los correspondientes planes urbanísticos. Este obstáculo se debe al estatus legal de los instrumentos de ordenación territorial, que son considerados normas legales sujetas a un estricto control judicial, lo que crea una notable inseguridad jurídica en el sector inmobiliario.
Por otra parte, la Fundación pone de relieve su preocupación por la trasposición de una directiva europea que amplía las obligaciones de información en materia de sostenibilidad. La directiva exige a empresas con más de 250 empleados presentar informes detallados sobre cómo afectan a su actividad temas sociales y medioambientales. Fedea considera que esta obligación puede resultar en un proceso «complejo y costoso» para muchas empresas, sin que se esclarezca el propósito final de tales requisitos.
