La reciente decisión del Gobierno liderado por Gustavo Petro de incrementar el salario mínimo en un 23% ha suscitado preocupación respecto a sus implicaciones fiscales y económicas, según un informe de Fitch Ratings sobre Colombia. Este aumento, aplicado tras el fracaso de las negociaciones entre empresas y sindicatos, afectará aproximadamente a 2,5 millones de trabajadores.
Fitch Ratings advierte que este incremento salarial podría agravar los desafíos fiscales y de inflación, lo cual llevaría a implementar «aumentos en la tasa de política monetaria que podrían afectar el crecimiento». Un factor crucial mencionado es cómo el aumento en el coste salarial y de algunas pensiones amplificará las presiones fiscales, incrementando los costes de endeudamiento del Ejecutivo y afectando la creación de empleo en el sector formal.
Para el año 2027, se espera que la deuda pública de Colombia alcance el 62,8% en relación al PIB, superando significativamente la media de la categoría ‘BB’, situada en un 53,8%. Esta situación se enmarca dentro de la recesión de calificación sufrida en diciembre. Fitch también indica que la meta de déficit del 6,2% del PIB establecida por Petro para 2026 probablemente no se alcance, proyectando un déficit del 7,5%.
La continua fragmentación probablemente significará que el próximo presidente tendrá que negociar con diversos partidos en el Congreso para aprobar leyes
En vista de estos desafíos, el Congreso de marzo y las elecciones presidenciales con segunda vuelta en junio se perfilan como eventos críticos para definir el rumbo fiscal de Colombia. Incluso si se materializa una nueva reforma tributaria como se espera, su impacto esperado sería menos del 1% del PIB, requiriendo esfuerzos sostenidos para estabilizar la deuda pública, un desafío que se tornará central en los próximos años.
