Jorge Galindo, un destacado sociólogo nacido en Valencia en 1985, ha desarrollado su carrera enfocándose en la investigación de políticas públicas, enfocándose en el ámbito urbano y social, así como en las brechas laborales y generacionales en el sur de Europa. En su última publicación, ‘Tres millones de viviendas’, Galindo aborda la problemática de la vivienda en España y destaca la necesidad de movilización frente a la acumulación inactiva. Durante una entrevista, expresó que no tiene una preferencia rígida sobre la concentración de viviendas. De hecho, considera que podría haber ventajas cuando la propiedad recae en personas jurídicas dedicadas al alquiler prolongado.
Galindo declara que España necesitará construir tres millones de viviendas en los próximos diez años debido al crecimiento del número de hogares y el actual déficit de construcción.
El autor subraya que aspirar a esta meta ayudará a transformar el marco del debate, alejándonos de un enfoque de suma cero y acercándonos hacia la creación de más viviendas
. Resalta que esta construcción debería abarcar una variedad de tipos: públicas, privadas, de compraventa y de alquiler, para combatir la escasez existente.
Al abordar el contexto actual, Galindo asegura que, a diferencia de la era pre-2008, no vivimos una burbuja crediticia. Subraya que el aumento de la oferta habitacional no debería verse como el precursor de un nuevo boom inmobiliario.
No hay un flujo de crédito barato y accesible hacia promotoras o hipotecas, lo que marca una diferencia esencial con el pasado
. A su juicio, construir más viviendas también implica atacar la brecha generacional que está transformándose en una brecha de clase, dado que la escasez hace que el acceso a una vivienda dependa mayormente de herencias.
En sus críticas a la administración, Galindo apunta al complejo sistema burocrático que frena el desarrollo de proyectos inmobiliarios. La reforma de la Ley del Suelo, actualmente bloqueada en el Congreso, podría introducir un silencio administrativo positivo que evitaría que la falta de respuesta paralice proyectos. Además, el sociólogo sugiere revisar el poder de bloqueo que afectan planes urbanísticos debido a decisiones judiciales, políticas o administrativas que los mantienen estancados.
