El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ha realizado un contundente llamamiento al Ministerio de Trabajo, liderado por Yolanda Díaz, para que cese la «inseguridad jurídica» generada por la propuesta de reducir la jornada laboral. Esta medida, en debate en el Congreso, ha pospuesto el análisis de las enmiendas a la totalidad hasta después del verano.
En la «Asamblea General 2025» de la CEOE, Garamendi ha manifestado que las acciones del Ministerio se perciben como «política partidista», poniendo a España «en el punto de mira de los inversores». El Consejo Económico y Social (CES) ha señalado la falta de una memoria de impacto económico rigurosa para esta norma. Garamendi también ha criticado la prolongada tramitación de la propuesta de reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales y la ausencia de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), calificando de «no normal» que no se hayan presentado un nuevo proyecto por «tercera o cuarta» vez desde 2023.
Exigimos que se ponga sobre la mesa a la mayor brevedad un nuevo proyecto de Presupuestos Generales del Estado
El presidente recordó que las finanzas públicas actuales se rigen por presupuestos elaborados en 2022, un contexto muy distinto al actual, posterior a la pandemia y la crisis ucraniana.
Garamendi insiste en que la tramitación de esta reducción sería un «error de bulto» para la negociación colectiva, que debería ser el mecanismo para regular jornadas y salarios. Con más de un 30% de convenios ya estableciendo jornadas inferiores a las 37,5 horas gracias a la negociación colectiva, la inacción gubernamental amenaza con costar 23.000 millones y ha contribuido a una disminución del 7% en convenios firmados y un 9,5% menos de trabajadores cubiertos.
No sabemos cuándo se va a votar en el Congreso, pero es una norma que no ha sido objeto de un diálogo social
Finalmente, el presidente expresó su respeto por las acciones de los sindicatos CCOO y UGT en favor de esta jornada reducida, aunque subrayó que no es coherente recurrir a manifestaciones si se pretende evitar el diálogo parlamentario.
