Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) han expresado su preocupación ante la falta de avances en la lucha contra el fraude fiscal en España. Aunque el nuevo Plan de Control Tributario 2025 promete reforzar la vigilancia sobre grandes empresas y fortunas, en la práctica el control sigue centrándose en autónomos y pequeñas empresas, dejando fuera del alcance a los mayores defraudadores.
Desde Gestha advierten que el éxito de este plan está en entredicho si no se permite a los técnicos realizar investigaciones de mayor calado. En la actualidad, las normas internas de la Agencia Tributaria (AEAT) les limitan cuando detectan fraudes millonarios, impidiéndoles cerrar expedientes y remitirlos a la Fiscalía. Esta situación ha provocado un desplome del 85% en las denuncias por delitos fiscales en los últimos años, lo que según los técnicos supone una pérdida de capacidad para perseguir grandes evasores.
El fraude fiscal sigue sin reducirse y la recaudación está estancada
A pesar de los esfuerzos por mejorar la recaudación, los datos muestran que la lucha contra la evasión fiscal no ha logrado avances significativos. En 2020, la AEAT recaudó 17.274 millones de euros en actuaciones de control tributario. Sin embargo, en los años siguientes esta cifra no ha superado ese umbral, manteniéndose en torno a 16.700 millones en 2023, lo que representa una caída del 3,28%.
Este estancamiento contrasta con la magnitud del problema: la economía sumergida en España representa un 24,6% del PIB, una cifra que apenas ha variado en los últimos años y que evidencia la necesidad de medidas más eficaces.
Uno de los problemas clave que denuncia Gestha es la falta de competencias para perseguir delitos fiscales de gran envergadura. Hasta hace poco, los técnicos podían investigar y remitir expedientes a la Fiscalía cuando detectaban defraudaciones superiores a los 120.000 euros, el umbral legal que define un delito fiscal.
Sin embargo, con la entrada en vigor de una nueva resolución interna de la AEAT, este proceso se ha visto restringido. Como consecuencia, el número de denuncias por delitos contra la Hacienda Pública ha pasado de 1.014 en 2011 a solo 152 en 2023, una caída del 85%. Esto significa que muchos casos de fraude de gran volumen se quedan sin investigar o no llegan a la Fiscalía a pesar de contar con pruebas suficientes.
Entre las novedades del Plan de Control Tributario 2025, destaca la posibilidad de autocorregir errores u omisiones en declaraciones fiscales a través de un sistema de complementarias calculadas por la AEAT. Esta medida facilitará la regularización de pequeños impagos de particulares y pymes, pero desde Gestha advierten que no es suficiente para mejorar la eficacia del control tributario en los fraudes de mayor magnitud.
Gestha insiste en la necesidad de otorgar mayor capacidad de actuación a los técnicos, quienes representan el 84,4% del personal con competencias para investigar, liquidar y recaudar impuestos dentro de la Agencia Tributaria. Según el colectivo, si se quiere mejorar la recaudación y reducir la economía sumergida, es imprescindible eliminar las trabas internas que impiden a los técnicos perseguir los fraudes más sofisticados y complejos.
Sin estos cambios, advierten que la lucha contra el fraude fiscal seguirá siendo desigual, con un foco excesivo en los pequeños contribuyentes y sin medidas efectivas contra las grandes fortunas y empresas que utilizan estrategias de evasión fiscal.
