A partir del 1 de julio de 2025, el sistema de facturación de la Agencia Tributaria sufrirá un cambio significativo, con la implementación de una nueva medida que obliga a las empresas a enviar sus facturas de manera inmediata a Hacienda. Esta iniciativa se conoce como VeriFactu y tiene como objetivo mejorar la eficiencia en la lucha contra el fraude fiscal y optimizar la gestión tributaria en general. La medida afectará a todos los contribuyentes, especialmente a autónomos y pequeñas y medianas empresas (pymes), ya que serán los principales responsables de adaptarse a este nuevo sistema.
El sistema de envío inmediato de facturas funcionará mediante la integración de los programas de facturación de las empresas con la plataforma de la Agencia Tributaria. Así, cada vez que se emita una factura, el software de la empresa deberá remitirla de forma instantánea a Hacienda, lo que permitirá un control más riguroso y eficiente de las operaciones comerciales y de los ingresos declarados por las empresas. Esto tiene como fin evitar el "fraude en el IVA" y otros tipos de evasión fiscal, ya que la Agencia Tributaria podrá detectar irregularidades y discrepancias en tiempo real.
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La medida no será obligatoria de inmediato para todas las empresas. Aunque la fecha de obligatoriedad está fijada para el 1 de julio de 2025, la entrada en vigor total será en 2026, lo que permitirá a las empresas un tiempo de adaptación. El sistema será implementado de forma progresiva y se espera que la transición sea más fluida para las empresas que ya cuenten con sistemas de facturación digitales avanzados.
Una de las características destacadas del sistema es que se podrá acceder a una aplicación gratuita ofrecida por Hacienda, que permitirá a los autónomos y pymes emitir hasta 100 facturas anuales sin necesidad de adquirir software de pago. Esta medida beneficiará especialmente a los pequeños negocios que no tienen los recursos necesarios para implementar programas de facturación más sofisticados.
La obligatoriedad del envío inmediato de facturas está alineada con la estrategia de modernización de la administración tributaria. La digitalización de los procesos y la automatización de los trámites administrativos son una tendencia global, y España se une a esta corriente con el fin de agilizar la recaudación de impuestos y aumentar la transparencia en las relaciones comerciales. En este contexto, los contribuyentes deberán adaptarse a nuevas normativas, actualizar sus sistemas de gestión e incluso formar a su personal en el uso de las nuevas herramientas digitales.
Con todo, se estima que este nuevo sistema generará una mayor eficiencia en el flujo de caja de las empresas. El proceso de facturación será más rápido, y las empresas podrán evitar retrasos en la contabilización de las transacciones. Esto también tendrá un impacto positivo en la relación con los clientes, quienes recibirán sus facturas de manera más ágil.
