El Gobierno español ha decidido vetar una enmienda presentada por el Bloque Nacionalista Galego (BNG) en el Congreso, que proponía establecer por ley que el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) equivalga al 60% del salario medio. Esta medida también contemplaba que las prestaciones y subsidios por desempleo no pudieran ser inferiores a dicha cantidad. Según el Gobierno, la implementación de esta enmienda implicaría un aumento del gasto público estimado en 6.030 millones de euros anuales.
La enmienda del BNG se registró en el marco del proyecto de ley destinado a reformar el sistema de invalidez permanente. El partido busca modificar el artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores para vincular el SMI al 60% del salario medio, tomando como referencia el método de cálculo del Comité Europeo de Derechos Sociales y los módulos salariales que publica la Agencia Tributaria.
El Ejecutivo sostiene que la fijación del SMI debe hacerse previa consulta a sindicatos y patronales
Desde el Gobierno critican que, aunque la enmienda del BNG reconozca la necesidad de diálogo social, establecer el SMI en un porcentaje fijo por ley «supone sustraer dicha participación de los agentes sociales». En relación a la prestación contributiva por desempleo, el Ejecutivo explica que su cuantía mínima está fijada actualmente en un 107% o 80% del IPREM, dependiendo de si el trabajador tiene o no hijos a su cargo. Esta equiparación al SMI generaría un aumento del gasto público que, según el Gobierno, es imposible de determinar con exactitud.
Además, el subsidio por desempleo se calcula en base a los siguientes porcentajes del IPREM: 95% durante los primeros 180 días, 90% desde el día 181 hasta el 360, y 80% a partir del día 361. En 2024, el subsidio se mantuvo en 480 euros al mes (80% del IPREM), mientras que el SMI mensual se situaba en 1.134 euros.
Con la proyección de las obligaciones reconocidas al 31 de diciembre de 2024, que alcanzan los 4.425 millones de euros, el Gobierno estima que la adopción de la propuesta del BNG resultaría en un incremento de gasto de aproximadamente 6.030 millones de euros anuales. Por esta razón, el Ejecutivo ha decidido ejercer su poder de veto constitucional para detener la enmienda y evitar su debate en el Congreso.
