El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, bajo la dirección de Pablo Bustinduy, ha detectado más de 15.200 pisos turísticos ilegales en Madrid. Debido a esta alarmante cifra, se ha solicitado al Ayuntamiento, encabezado por José Luis Martínez-Almeida, que elimine los anuncios en plataformas online referentes a viviendas de uso turístico (VUT) que operan sin licencia.
Según un informe proporcionado por la Unidad de Análisis de Consumo, se han identificado un total de 16.335 viviendas turísticas en la capital, en contraste con las 1.131 licencias que tiene concedidas el Ayuntamiento. Esta discrepancia ha llevado al Ministerio a calificar la situación como “muy preocupante”, instando a Almeida a actuar inmediatamente para retirar los anuncios de las viviendas carecientes de licencia, conforme a sus competencias.
El grupo de Bustinduy ha señalado que estas operaciones ilegales están limitando el derecho a una vivienda digna
El Ministerio ha entregado un archivo digital al Consistorio que incluye los detalles necesarios para identificar a algunos de los propietarios de estos alojamientos. Este mecanismo busca facilitar que el Ayuntamiento pueda tomar medidas efectivas para cerrar estas viviendas y aplicar sanciones. Bustinduy ha enfatizado la necesidad de que todas las administraciones implicadas intervengan para detener estas actividades ilícitas, que provocan la expulsión de ciudadanos de sus barrios.
La evidencia acumulada por la Unidad de Análisis de Consumo se presenta como una herramienta valiosa que el gobierno municipal de Martínez-Almeida puede utilizar para investigar la situación de estas propiedades. Además, el informe sugiere que Madrid es una de las ciudades españolas con mayor concentración de pisos turísticos ilegales en el país.
Consumo ha instado a Almeida a seguir el ejemplo del Ayuntamiento de Barcelona, que ha logrado la retirada de miles de anuncios ilegales
Asimismo, entre las sugerencias propuestas por Consumo se incluye el modelo implementado por el Consell de Ibiza, que ha permitido una identificación efectiva de la oferta irregular, así como la agilización de las inspecciones y sanciones pertinentes. En el marco de sus acciones, el Ministerio también ha abierto un expediente sancionador a plataformas de alquiler por no cumplir con la normativa de publicidad del número de licencia y ha procedido contra grandes gestoras que operan en condiciones también irregulares.
Estas iniciativas buscan, de manera sistemática y coordinada, hacer frente a la proliferación descontrolada de viviendas turísticas ilegales en la capital española, colaborando con todas las administraciones públicas sin distinción política.
