El Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid ha solicitado este lunes al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 la eliminación de todas las Viviendas de Uso Turístico (VUT), argumentando que esta medida es necesaria para combatir el fraude asociado a plataformas como Airbnb y destinar estos inmuebles a un uso social adecuado. En un comunicado, la organización enfatizó que la desaparición de los pisos turísticos es esencial y que no basta con simplemente eliminar su publicidad.
Esta petición surge tras la notificación de un auto emitido por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que ha dado luz verde a la eliminación de una primera tanda de 5.800 anuncios de Airbnb en varias comunidades autónomas. Hasta la fecha, el Ministerio ha enviado a Airbnb tres resoluciones que notifican un total de 65.935 anuncios ilegales de viviendas destinadas al turismo, llevando al TSJM a atender la primera solicitud de remoción de anuncios.
Por su parte, Airbnb ha declarado su intención de recurrir todas las decisiones relacionadas con este asunto. La organización sindical ha resaltado que
estos 66.000 pisos, de los que fueron expulsadas vecinas, podrían alojar a 66.000 familias
y ha subrayado que la oferta de vivienda está actualmente en manos de rentistas debido a la proliferación de pisos turísticos y viviendas vacías.
El Sindicato de Inquilinas ha hecho un fuerte llamado a la organización colectiva, señalando que esta es clave para combatir el negocio de la vivienda, especialmente frente a aquellos que mantienen en reserva más de 4 millones de viviendas vacías y 400.000 pisos turísticos.
Desde la Dirección General de Consumo se han esbozado tres razones por las cuales los anuncios en Airbnb se consideran ilegales. En primer lugar, se detalla que los anuncios frecuentemente no incluyen el número de licencia o registro exigido por diversas normativas autonómicas, lo que representa una de las infracciones más comunes. En segundo lugar, la falta de claridad sobre la naturaleza jurídica de los arrendadores complica la protección del consumidor. Por último, algunos anuncios presentan números de licencia incorrectos, lo cual puede inducir a error a los consumidores.
