La Asociación Nacional de Inspectores de la Hacienda Pública Local (Anihpl) ha presentado una denuncia ante los tribunales por la presunta externalización «fraudulenta» de la inspección tributaria provincial en numerosos municipios. Esta acción ha sido acogida favorablemente por el Juzgado de Lleida, un reconocimiento que la asociación describe como un avance significativo contra el «abandono» que han sufrido las Haciendas Públicas Locales en España durante décadas.
El tema cobra especial relevancia a medida que se acerca el XXV Congreso de la Anihpl, previsto para los días 13 y 14 de noviembre en Alicante. La Anihpl, que lleva años denunciando esta problemática, sostiene que la consolidación de esta externalización podría resultar en la «expulsión» de los empleados públicos municipales y provinciales de sus funciones inspectoras. Esta práctica, que ya se ha implementado en cientos de municipios, pone en riesgo los derechos y garantías de los contribuyentes y el interés general.
Consecuencias de la externalización en la inspección tributaria
Los inspectores argumentan que el involucramiento de personas ajenas a la estructura orgánica y funcional de la Administración Tributaria constituye una «intromisión ilegal» en el ejercicio de sus funciones. La Anihpl subraya que el personal inspector está reconocido como agente de la autoridad, y advierte que el trabajo de las empresas adjudicatarias frecuentemente excede la asistencia a las entidades locales.
Las empresas adjudicatarias realizan requerimientos, desarrollan actuaciones inspectoras y sancionadoras, e incluso llegan a conocer y elaborar los planes reservados de la Inspección
Además, estas empresas deciden qué contribuyentes pueden ser objeto de una inspección. Ante esta situación, la asociación planea elaborar en 2026 un informe exhaustivo sobre la «Externalización Fraudulenta de los Servicios de Inspección Tributaria Local en España». Este informe será crucial para abordar un fenómeno que afecta gravemente a cientos de municipios que externalizan sus servicios, directa o indirectamente, a través de las diputaciones provinciales.
