El Gobierno italiano se encuentra en un debate crucial sobre la posible congelación de la edad de jubilación en los 67 años. Esta propuesta cuenta con el respaldo tanto de la Liga, dirigido por Matteo Salvini, como de los principales sindicatos del país. Sin embargo, implica un desafío significativo para el sistema de pensiones, especialmente en una nación cuya deuda excede el 135% del Producto Interno Bruto (PIB).
Las implicaciones económicas de la congelación de la edad de jubilación
Actualmente, la legislación italiana vincula la edad de jubilación con la esperanza de vida, estableciendo revisiones bianuales que podrían modificar esta cifra. La última actualización tuvo lugar en 2019, cuando se incrementaron cinco meses. El interés del Ejecutivo de la primera ministra, Giorgio Meloni, en esta medida parece dirigido a fortalecer sus perspectivas electorales para las elecciones nacionales de 2027. La Liga, miembro de la coalición de Gobierno, ha manifestado su apoyo definitivo a esta iniciativa, con el ministro de Finanzas, Giancarlo Giorgetti, sugiriendo previamente extender los 67 años hasta 2029.
El respaldo sindical también ha sido un factor clave en el ánimo del Gobierno para avanzar con esta propuesta. Pese a este apoyo, se deben considerar las advertencias económicas. Fuentes ministeriales han destacado a ‘Financial Times’ que todavía se está evaluando la medida, y que
cualquier decisión final se tomará teniendo en cuenta el «panorama económico general»
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Perspectivas financieras a largo plazo
La comisión presupuestaria del Parlamento ha proporcionado un análisis preocupante: si la edad de jubilación no se ajusta conforme a la normativa, el gasto en pensiones podría aumentar un 0,4% del PIB hasta 2040. Como resultado, la deuda nacional podría alcanzar el 139% para 2031, lo que supone un crecimiento de siete puntos porcentuales respecto a las proyecciones actuales para ese año.
