Zeres Abogados estima que tanto el Gobierno central como las comunidades autónomas y los ayuntamientos podrían verse obligados a pagar alrededor de tres mil millones de euros en indemnizaciones a cientos de miles de empleados públicos. Según la firma, estos empleados han sido contratados de manera temporal durante más tiempo del permitido por la normativa de la Unión Europea (UE).
En un comunicado, Zeres Abogados explicó que esta cifra se obtiene al multiplicar los cerca de 300.000 trabajadores afectados por el abuso de temporalidad por las posibles indemnizaciones, que en muchos casos podrían superar los 10.000 euros, de acuerdo con las sentencias emitidas por tribunales europeos.
Los abogados laboralistas advierten que, si las administraciones públicas españolas no transforman a estos empleados en indefinidos, los procesos judiciales que se podrían iniciar en su contra podrían desembocar en el pago de indemnizaciones. Estas compensaciones, destacan, podrían ser de hasta 33 días por año trabajado o incluso superiores, como lo ha reconocido recientemente el Tribunal Superior de Justicia de Galicia en un caso en el que aplicó la doctrina del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), con la participación de la firma.
Un 30% de empleados en abuso de temporalidad
El último Observatorio Zeres hace una estimación del monto total al que podrían ascender esas indemnizaciones calculando que existe cerca de un millón de empleados públicos temporales en las diferentes administraciones y que, aproximadamente, un 30% de ellos se encontraría en una situación de abuso de temporalidad.
Según señalan los abogados, las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de Luxemburgo han rechazado repetidamente la situación de abuso de temporalidad sufrida por estos empleados públicos que han venido viendo cómo la Administración mantenía su relación laboral como provisional encadenando contratos temporales por un período superior a los tres años.
Además, aseguran que el TJUE ha considerado "inválidas" las soluciones que se han dado en España, como el mantenimiento de los afectados contratados hasta la convocatoria de un proceso selectivo que les permitiera acceder a las plazas como fijos o el abono de una compensación económica con un límite máximo de 20 días de salario por año trabajado con el tope de doce meses.
Dos alternativas
El laboralista y socio director de Zeres, Fabián Valero, ha señalado que en realidad, el TJUE ha dejado abiertas a las administraciones públicas dos alternativas: pagar una compensación económica a los trabajadores afectados por el abuso de temporalidad o bien hacer fijos a estos trabajadores.
Valero ha señalado que "esta segunda posibilidad es la que genera mayor rechazo en las administraciones públicas, si bien es la medida que recomienda el TJUE para frenar la elevada tasa de temporalidad existente en España".
En el caso de las indemnizaciones, Valero ha indicado que el TJUE establece que "no pueden estar topadas o limitarse a veinte días por año trabajado", por lo que las cifras que puedan corresponder a cada caso "son difíciles de calcular". "En cualquier caso pueden ser de miles de euros, más aún si atendemos a la posibilidad de que sea indemnizado no solo un posible despido, sino el mismo hecho de haber estado en situación de fraude", ha apostillado.
Zeres precisa que se trata de una estimación sobre las cifras que hay en juego y "otra cosa será lo que termine pasando en función de cómo se arbitre desde los tribunales españoles la aplicación de los fallos de la justicia europea", aunque "el margen es estrecho".
