La Comisión Especial sobre la Crisis de la Vivienda del Parlamento Europeo ha dado un paso significativo al aprobar una serie de propuestas destinadas a abordar la crisis habitacional en la Unión Europea. Estas medidas buscan aumentar la oferta de viviendas, reducir obstáculos administrativos y garantizar un acceso «digno, sostenible y asequible» a la vivienda en todos los Estados miembro. Con 23 votos a favor, 6 en contra y 4 abstenciones, el informe final será presentado al pleno en marzo y pretende influir en el plan europeo presentado previamente por la Comisión. Este plan se centra en movilizar recursos públicos y privados, reforzar el parque social e impulsar la construcción en toda la UE.
La Eurocámara destaca que «la falta de vivienda es la forma más grave de pobreza y exclusión social», señalando que esto ha sido provocado por años de construcción insuficiente y por un «persistente desequilibrio» entre oferta y demanda. Desde 2010, los alquileres han aumentado un 28,8 % y los precios de compraventa un 60,5 %, lo que enfatiza la urgencia de solucionar este problema.
Soberanía industrial y empleo
El documento también aborda la necesidad de reforzar la capacidad industrial de la UE en el sector de la edificación y la rehabilitación. Promueve el uso de materiales y soluciones sostenibles, el fortalecimiento del mercado europeo de materias primas y la incorporación de requisitos mínimos de origen europeo en los proyectos financiados con fondos de la UE. Además, incluye mejoras en las condiciones laborales, más formación y salarios adecuados, así como el reconocimiento de cualificaciones profesionales entre los Estados miembro.
El Grupo Socialista destacó avances como el refuerzo de los derechos de los inquilinos y el reconocimiento del sinhogarismo como una de las formas más extremas de pobreza.
Por su parte, la eurodiputada Alícia Homs (S&D) ha mostrado su preocupación por el enfoque, a su juicio, «excesivamente orientado al mercado» del informe, aunque ha aceptado que «la gente espera que Europa actúe», insistiendo que este respaldo «no es un cheque en blanco» y se compromete a seguir defendiendo una política de vivienda «centrada en las personas».
Asequibilidad en zonas tensionadas y ayudas fiscales
El informe emplaza a que la futura normativa europea sobre alquileres de corta duración consiga equilibrar la actividad turística con el derecho a la vivienda, para que el crecimiento de arrendamientos de este tipo no agrave la situación en áreas ya tensionadas. Además, los eurodiputados solicitan un sistema fiscal eficiente para las políticas de vivienda, incentivos para renovación y nueva construcción e incluso la aplicación de tipos superreducidos de IVA para facilitar la adquisición y alquiler.
Borja Giménez Larraz, eurodiputado responsable del texto, asegura que el documento «refuerza la protección de la propiedad privada» y «aporta seguridad jurídica», además de mejorar la asequibilidad a nivel de la Unión. Sin embargo, la implementación exitosa de estas propuestas dependerá de la integración de estas medidas en las políticas nacionales de vivienda.
