El recibo de la luz de un usuario medio con la tarifa regulada, conocido como Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC), ha disminuido un 4,3% en noviembre respecto a octubre. Según datos de Facua-Consumidores en Acción, la factura se sitúa ahora en 80,76 euros frente a los 84,37 euros del mes anterior. Este análisis considera un cliente medio con una potencia contratada de 4,4 kW y un consumo de 366 kWh mensuales.
La asociación Facua toma como referencia el perfil de usuario medio tradicional sin discriminación horaria. Este perfil consume el 45% de la electricidad en el horario valle, el 29% en punta y el 26% en llano. El descenso en la factura se debe principalmente al abaratamiento del precio de la electricidad, ya que el mercado mayorista o ‘pool’ cerró el mes de noviembre con una media de 58,65 euros por MWh, representando una disminución del 22% frente a los 75,78 euros de octubre.
Comparando con el año anterior, el recibo ha bajado un 6,5% respecto a los 86,40 euros de noviembre de 2024. La factura más elevada del año se registró en febrero, alcanzando los 95,70 euros. Históricamente, el recibo de noviembre ha sido de 86,40 euros en 2024, 55,54 euros en 2023, 86,48 euros en 2022, 115,18 euros en 2021 y 68,50 euros en 2020.
Desde enero, el kW de potencia contratada cuesta 14,14 euros al mes. Este mes de noviembre, el precio medio por kWh ha sido de 25,91 céntimos en horario punta, 17,09 céntimos en llano y 13,90 céntimos en valle. En comparación con octubre del año pasado, el precio de la energía ha disminuido un 3,1% en punta, un 1,8% en llano y un 9,5% en valle.
Facua ha reiterado su solicitud de modificaciones sustanciales en el sistema de fijación de tarifas. Ha instado a que la energía nuclear e hidroeléctrica salgan de la subasta marginalista diaria para establecer precios fijos a largo plazo fijados por el Gobierno.
De esta forma se evitarían los denominados beneficios caídos del cielo de estas tecnologías gracias al diseño que desde hace décadas tiene el sistema marginalista
Además, Facua ha criticado la falta de medidas por parte del Ministerio para la Transición Ecológica para incentivar el uso del bono social y ha solicitado acciones que promuevan la optimización de la potencia contratada por los consumidores.
