La fiscalidad española nunca ha sido la más ‘relajada’ de Europa a la hora de hacer negocios y atraer inversión. Un informe del Instituto de Estudios Económicos (IEE) y la Tax Foundation muestra que España es uno de los países con una fiscalidad más agresiva contra el sector productivo. Analizamos el contexto tributario con Salvador Ruiz-Gallud, socio director del área Fiscal de Equipo Económico, abogado, economista y ex director general de la Agencia Tributaria entre 2001 y 2004.
España se sitúa en 2022 en la posición 34 del total de los 38 países analizados y es uno de los cinco países con peor competitividad fiscal de la OCDE. El esfuerzo fiscal, la presión fiscal normalizada en función de la renta, ya es un 53% mayor que el promedio de la Unión Europea (UE). Con estos datos, es bastante normal que dicha presión fiscal afecte también al mercado de la vivienda.
Ruiz Gallud señala que "la presión fiscal en España es alta, pero hasta cierto punto, porque algunos contribuyentes pueden gestionarla, sobre todo a partir del concepto de empresa familiar. Los contribuyentes que generan actividad económica, a efectos de impuestos sobre Patrimonio o Sucesiones y Donaciones, tienen la ventaja de disfrutar de exenciones si se organizan bien".
"Tenemos un impuesto sobre la renta muy progresivo, con unos tipos que dependen de cada comunidad autónoma. En algunos casos, estamos hablando de tipos máximos confiscatorios (más del 50%). Si se hace la comparativa con los tipos de otros estados de la Unión Europea tenemos de los más altos, solo por detrás de los países nórdicos y alguno más", añade Ruiz Gallud.
El nivel de esfuerzo fiscal que tiene que realizar la población española en función de su renta ya es un 53% mayor que la media de la UE
"Además, contamos con impuestos sobre el Patrimonio, Solidaridad de Grandes Fortunas, IRPF, etc. Acumuladas, estos tributos provocan que el esfuerzo fiscal, que tiene en cuenta la renta per cápita, sea de las más altos de Europa", afirma el socio director del área Fiscal de Equipo Económico. Un esfuerzo fiscal tan elevado como el que tiene nuestro país constriñe la economía en general. Y el sector de la vivienda es, de igual forma, blanco fácil de estas imposiciones.
"La tributación inmobiliaria es especialmente alta. En 2021 se aprobó la Ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, modificando ciertos impuestos para introducir como base imponible el valor de referencia de los inmuebles (muy por encima del valor catastral y, en ocasiones, del propio valor de mercado). Estas modificaciones aumentan la presión fiscal y la inflación en los precios de los inmuebles".
"La tributación que soportan los inmuebles es enorme. El Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI, calculado sobre el valor catastral clásico), el IRPF (2% del valor catastral por la mera tenencia de segundas viviendas), el Impuesto sobre el Patrimonio, el 10% de IVA o el ITP por transmisión, etc. Algunas de esas figuras varían según cada municipio o comunidad autónoma", apunta Ruiz Gallud.
Veamos qué impuestos tenemos que abonar si queremos hacernos con una vivienda en España. Tal y como dice Ruiz Gallud, si la vivienda es de obra nueva, tendremos que soportar un 10% en concepto de IVA sobre el precio final de venta. La excepción es Canarias, donde se aplica el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC).
Luego tenemos junto con el IVA el Impuesto Sobre Actos Jurídicos Documentados (AJD), que varía entre el 0,5% y el 1,5%, dependiendo de la región. Aragón, Baleares, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia y Murcia tienen los tipos más altos, del 1,5%.
Salvador Ruiz Gallud (Equipo Económico): “La alta tributación señala a España como país poco atractivo para la inversión extranjera”
Por el contrario, si la vivienda es de segunda mano, abonaremos el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP), cuyo importe dependerá de la comunidad autónoma en la que encuentre la vivienda (entre el 4% y el 10%), el importe satisfecho por la compra y el valor de referencia del inmueble (es decir, el valor próximo a mercado que el Catastro adjudica al inmueble). Islas Baleares, Cataluña, Comunidad Valenciana o Extremadura tienen los tipos más altos, superando el 10%.
La vivienda supone también una forma de ahorro e inversión para la gran mayoría de tenedores, a la par que es un nicho económico muy explotado por los grandes propietarios. También se encuentra el llamado flipping, es decir, las operaciones de adquisición, reforma y transmisión de inmuebles en períodos cortos de tiempo.
"El impuesto del 20% sobre el flipping propuesto por Podemos no tiene sentido. Aunque es cierto que esta técnica supone una actividad económica que tributa a 25% por el beneficio obtenido por el promotor, algunos ven en ella tiene un punto especulativo. Podemos habla de aplicar un 20% adicional sobre el valor de venta último, que tendría que ser abonado por el empresario dedicado a esta clase de operaciones. Es un disparate", sentencia Ruiz Gallud.
"La fiscalidad que soportan los inmuebles es enorme, aunque varía en función de cada comunidad autónoma”
Nuestro país tiene las cualidades necesarias para atraer inversión extranjera, pero, como en otros muchos ámbitos, la alta tributación provoca que los inversores foráneos se lo piensen dos veces, reduciendo las posibilidades de atracción.
"La forma de aprobación del impuesto de Solidaridad de las Grandes Fortunas no ha sido la correcta. Las condiciones de seguridad jurídica se rompen con la ley. La publicidad negativa para España en este aspecto es enorme, algo que beneficia enormemente a nuestros competidores".
"Cuando una empresa se plantea invertir en un estado, una forma práctica de desechar candidatos es ver qué tipos impositivos tiene dicho país. La imposición patrimonial que existe en España está presente en muy pocos países del mundo, y hace menos atractiva a nuestra tierra a la hora de invertir", cree Salvador.
Habiendo explorado la realidad del mercado inmobiliario y la fiscalidad española, nos queda claro que las próximas generaciones se enfrentarán a grandes dificultades a la hora de independizarse, a menos que se produzcan grandes cambios en buena parte del sistema productivo de nuestro país.
