El Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal de Estados Unidos ha determinado que la mayoría de los aranceles globales instaurados por el Gobierno de Donald Trump son ilegales. Esta decisión refuerza el fallo de otro tribunal en mayo, que ya había cuestionado tales medidas, citando una extralimitación de funciones presidenciales. No obstante, los aranceles seguirán vigentes hasta el 14 de octubre, permitiendo tiempo para posibles apelaciones del Ejecutivo estadounidense.
El tribunal, con un fallo de siete votos a favor y cuatro en contra, concluyó que el Congreso no concede al presidente, a través de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), una «amplia autoridad para imponer aranceles de la naturaleza de los aranceles sobre tráfico y recíprocos». El fallo establece que la concesión de autoridad presidencial por parte de la IEEPA no respalda los aranceles impuestos mediante órdenes ejecutivas.
Porque estamos de acuerdo en que la concesión de autoridad presidencial por parte de la IEEPA para ‘regular’ las importaciones no autoriza los aranceles impuestos por las órdenes ejecutivas
La corte estipuló que hasta el 14 de octubre los aranceles actuales seguirán en efecto, tiempo durante el cual el Gobierno de Estados Unidos tiene margen para apelar la decisión del tribunal. La fiscal general, Pam Bondi, ha declarado que el Departamento de Justicia apelará el dictamen, calificándolo de «erróneo».
Desde su cuenta de Truth Social, el expresidente Trump criticó al tribunal describiéndolo como «altamente partidista». Según Trump, «si estos aranceles desaparecieran, sería un desastre total para el país». Identifica su política arancelaria como un recurso esencial para proteger a los productores y trabajadores de Estados Unidos frente a prácticas comerciales desleales.
Cinco órdenes ejecutivas podrían quedar paralizadas, particularmente aquellas basadas en la IEEPA, incluyendo los aranceles recíprocos impuestos durante el denominado ‘Día de la Liberación’ y otros gravámenes dirigidos a China, México y Canadá. Otros aranceles, como la tasa del 25% sobre automóviles, acero y aluminio, no se verán afectados al estar amparados por la Ley de Expansión Comercial.
Parece improbable que el Congreso, al promulgar la IEEPA, pretendiera apartarse de su práctica anterior y otorgar al Presidente autoridad ilimitada para imponer aranceles
Este fallo judicial redefine los límites del poder presidencial en la materia arancelaria, apuntando que esta capacidad corresponde constitucionalmente al Congreso.
