El próximo jueves 2 de octubre, la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, se reunirá con los consejeros de Vivienda de las comunidades autónomas en una Conferencia Sectorial. El objetivo es discutir el Proyecto de Real Decreto del Plan Estatal de Vivienda para 2026-2030, que el Gobierno planea aprobar antes de que finalice el año.
La inversión triplicará la del plan anterior
El nuevo Plan de Vivienda contempla una inversión de 7.000 millones de euros, triplicando el presupuesto del plan anterior. El Estado asumirá el 60% de la inversión, mientras que las comunidades autónomas gestionarán el 40% restante. Este plan busca blindar permanentemente el parque público de viviendas y promover un sistema de datos públicos fiables colaborando con las comunidades autónomas.
Las comunidades se han mostrado «favorables» a dialogar, salvo Madrid, que rechaza participar en el acuerdo
En el proyecto normativo se proponen instrumentos de financiación y ayudas estatales en colaboración con las administraciones autonómicas para mejorar el acceso a la vivienda. La ministra ha enfatizado la importancia de la colaboración autonómica, advirtiendo que, de no participar, la inversión prevista podría dirigirse a los ayuntamientos que deseen comprometerse con políticas de vivienda.
Compromisos clave y distribución de fondos
El Gobierno ha instado a las comunidades a unirse a un Acuerdo de Estado para triplicar la inversión, proteger el parque público de viviendas e impulsar la transparencia en los datos. Hasta ahora, comunidades como Euskadi, Cataluña, Navarra, Asturias, Canarias y Galicia han aceptado estos compromisos. Sin embargo, el Ministerio permanece abierto a nuevas aportaciones de las autonomías para mejorar el plan.
Del total de los 7.000 millones previstos en el plan, un 40% se destinará a aumentar la oferta de vivienda pública, el 30% se dedicará a la rehabilitación de viviendas y barrios con un enfoque en eficiencia energética, y el 30% restante servirá para ayudas emergentes. Las estrategias se basan en cinco ejes: incrementar vivienda pública, mejorar eficiencia y accesibilidad, apoyar la emancipación juvenil, reducir el esfuerzo económico para acceder a la vivienda y abordar mercados tensionados.
