Un reciente informe de Morningstar DBRS advierte sobre los posibles desafíos que podría enfrentar la sostenibilidad fiscal del Estado central a raíz del acuerdo para modificar el sistema de financiación de Cataluña. Este acuerdo contempla que la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) gestione la recaudación de impuestos clave, como el IRPF, el IVA, los impuestos especiales y el impuesto de sociedades. El informe estima que la transferencia de estos recursos podría provocar una pérdida de ingresos para el Estado central entre el 0,4% y el 1,5% del PIB, dependiendo de cómo se implemente el cambio.
Las implicaciones fiscales y el déficit
La disminución de recursos estatales limitaría la capacidad del Gobierno central para gestionar eficazmente las finanzas públicas. Esto podría traducirse en un impacto negativo sobre el déficit consolidado si las comunidades autónomas no logran mejorar sus saldos fiscales. Aunque se espera que en teoría la mejora fiscal regional compense la pérdida de ingresos estatales, Morningstar DBRS alerta sobre el riesgo de que no haya una suficiente reducción de los déficits autonómicos. En tal caso, podría ser necesario que el Estado ajustara su gasto o incrementara la presión fiscal para cumplir con los objetivos de déficit.
El informe también destaca que la menor influencia del Estado sobre las cuentas regionales puede complicar la coordinación de políticas fiscales y el control del gasto público. Este desafío se amplificaría si otras comunidades autónomas solicitan unirse al nuevo modelo, lo que aumentaría proporcionalmente el riesgo para el equilibrio fiscal nacional.
La reforma requiere modificar la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), implicando un difícil proceso parlamentario y consenso con otras regiones
La revisión de la LOFCA podría desencadenar demandas de condiciones similares o compensaciones adicionales por parte de otras regiones, lo que añadiría complejidad al proceso. Además, en lo técnico, la ATC deberá potenciar su capacidad para gestionar y supervisar la recaudación, coordinándose con la Agencia Tributaria estatal para prevenir fraudes y doble imposición. El inicio del proceso, previsto para 2026, se anticipa largo y lleno de incertidumbres.
Conclusión del informe
Sintetizando, aunque la reforma podría resultar beneficiosa para Cataluña, el Estado central enfrenta riesgos fiscales y políticos considerables que podrían afectar la sostenibilidad de las finanzas públicas. Estos riesgos se verían mitigados solo si se establecen mecanismos de control y coordinación eficaces, resalta el informe de Morningstar DBRS.
