El presidente del Instituto de Estudios Económicos, Íñigo Fernández de Mesa, junto con el director general Gregorio Izquierdo, presentó el informe titulado "La productividad como el gran reto pendiente de la economía española". Este documento señala que en la última década (2013-2023), España ha perdido terreno en su convergencia real con Europa. Aunque el PIB per cápita español creció un 16,1%, similar al 15,7% de la UE, entre 2018 y 2023, España quedó rezagada, con un incremento del 4,5% frente al 5,8% de la UE. En 2023, la renta per cápita española representaba el 89,2% de la media de la UE, bajando desde el 92,5% en 2018.
El informe resalta que la productividad es crucial para el crecimiento económico y el PIB per cápita. Países con alta productividad por hora tienden a tener un PIB per cápita más elevado. Entre 2013 y 2023, varios países con bajos niveles iniciales de renta per cápita, como Irlanda, Rumanía y Polonia, lograron una mayor convergencia gracias a mejoras en productividad y empleo. España, en cambio, no mostró un avance significativo, reflejando un estancamiento en su productividad.
Entre 2013 y 2023, la productividad española por hora creció un 4,2%, la mitad del 8,1% de la UE. Además, la reducción de la jornada laboral en España fue mayor que en la UE, lo que impactó negativamente en la productividad por ocupado, que solo aumentó un 0,7% en España frente al 5,9% en la UE. De 2018 a 2023, esta productividad incluso cayó un 1,9% en España, mientras que en la UE creció un 1,3%. Esto se debe en parte a una reducción significativa de la jornada media en España.
El aumento del empleo en España (16,8% frente al 13,6% de la UE) no fue suficiente para impulsar la renta per cápita
El aumento del empleo en España (16,8% frente al 13,6% de la UE) no fue suficiente para impulsar la renta per cápita, en gran medida debido a un crecimiento poblacional mayor que el promedio europeo. Regiones como Galicia, Madrid, Valencia y Murcia destacaron por un crecimiento de la renta per cápita superior al promedio de la UE entre 2013 y 2022. Sin embargo, solo Galicia no experimentó un dinamismo poblacional positivo, lo que subraya la importancia de la creación de empleo y la mejora de la productividad en contextos de expansión demográfica.
En cuanto a la renta per cápita, en 2022, Madrid, País Vasco, Navarra y Cataluña superaron la media de la UE, siendo también las regiones con mayor productividad en España. Estas regiones han adoptado modelos de competitividad fiscal que podrían explicar su mejor desempeño económico y su capacidad para influir positivamente en el resto del país. Es crucial fomentar la corresponsabilidad fiscal para evitar desventajas tributarias respecto a otras regiones europeas.
Las regiones españolas que han tenido sistemas fiscales menos competitivos coinciden con una peor evolución de su renta per cápita, evidenciando la relación entre fiscalidad y crecimiento económico. Comparando con las 50 regiones más ricas de la UE, que tienen un PIB per cápita un 54% superior al promedio europeo, España muestra un margen considerable para mejorar.
Para incrementar la productividad, se deben abordar cinco áreas clave: capital físico (infraestructuras y calidad de las inversiones), capital humano (cualificación de los trabajadores), capital tecnológico (capacidad de innovación), marco regulatorio e institucional (fiscalidad y seguridad jurídica) y entorno empresarial (dinamismo del mercado y tamaño empresarial). Mejorar estos factores atraerá inversiones y dinamizará el crecimiento económico, elevando el PIB per cápita.
Es esencial crear un ambiente favorable para la actividad empresarial mediante un marco regulatorio estable y atractivo fiscalmente, incluyendo la reducción de la presión fiscal empresarial y sobre el ahorro. También se sugiere ajustar el Impuesto sobre Sociedades, reducir cotizaciones a la Seguridad Social y tipos marginales del IRPF, y eliminar el Impuesto sobre el Patrimonio y el de Sucesiones y Donaciones. Promover el crecimiento del tamaño de las empresas es igualmente importante, ya que esto fortalece la capitalización, fomenta la inversión y el empleo, y facilita la innovación y exportación. Revisar la legislación fiscal y simplificar normativas sobre fusiones y adquisiciones, así como ampliar opciones de financiación, son medidas clave para alcanzar estos objetivos.
