Consecuencias de la posible prohibición de sabores en el vapeo
La reciente propuesta del Ministerio de Sanidad, que pretende prohibir los sabores en los productos de vapeo, podría acarrear efectos drásticos para la economía española. Según un informe elaborado por Analistas Financieros Internacionales (Afi), presentado en la CEOE, se estima que esta medida podría resultar en la pérdida de 3.800 puestos de trabajo a tiempo completo, así como una reducción del 83% en el valor añadido bruto anual del sector, que se valora en 263 millones de euros.
Un 45% de los consumidores de productos de vapeo lo utilizan con el objetivo de disminuir el consumo de tabaco convencional, aunque el uso de estos productos sigue siendo una práctica minoritaria en el país. Afi califica la propuesta como «ineficaz», argumentando que muchos usuarios que reduzcan su uso del vapeo podrían volver al tabaco tradicional. Este cambio potencial podría fomentar un incremento en la economía sumergida, debido a la venta ilegal de líquidos de vapeo, siendo que hasta un 54% de los usuarios continuaría optando por sabores prohibidos.
Impacto en el empleo y las finanzas del sector
La implementación de esta medida reduciría drásticamente el valor del sector de los vaporizadores, que pasaría de 317 millones de euros en 2023 a tan solo 54 millones de euros. Además, el número de empleados en el sector disminuiría de 4.630 a aproximadamente 810 trabajadores. Por cada euro perdido en valor añadido y cada despido registrado, Afi estima que se perderían 1,5 euros y 2,8 empleos adicionales en la economía en general, así como una disminución de 67 millones de euros en la recaudación fiscal anualmente.
A largo plazo, se prevé que para 2030, el descenso en el valor añadido ascenderá a 550 millones de euros, provocando la pérdida de más de 8.000 puestos de trabajo. José Luis Ayllón, director de Asuntos Públicos y Relaciones con las Cortes de la CEOE, advierte que «la mucha cantidad y la mala calidad de las normas» tienen consecuencias negativas en la economía española, criticando los «grandes cambios en el ordenamiento jurídico no demasiado pensados».
Afi sugiere la necesidad de una regulación menos drástica, enfocada en mitigar los efectos negativos del vapeo, y propone un control más estricto sobre el consumo, así como la calidad de los productos. Reclama una regulación que implique sistemas de licencias para la venta, asegurando que se evite la venta a menores, y sugiere limitar el atractivo del vapeo para este grupo prohibiendo ciertos diseños y referencias.
El presidente de la Unión de Asociaciones de Estanqueros de España, Miguel Ángel Martínez, señala que las administraciones deben reconocer que los cigarrillos electrónicos podrían ser menos perjudiciales que el tabaco convencional y que «el vaper sin sabor no tiene sentido»