España se resiste a caer en el decrecimiento de población, tan temido por los economistas y quienes miran con incertidumbre los próximos treinta años. Nuestro país se salva de eso, aunque con una estructura social radicalmente distinta a la de principios de siglo.
Con unas estadísticas que reflejan numerosas paradojas, la población crece a un ritmo muy elevado. A finales de 2020 vivían en nuestro país 47,36 millones de habitantes. Según las cifras de enero, esa cifra se ha elevado a los 49,5 millones de personas. Se trata de la mayor de la historia y, si esa progresión continúa igual, significaría que el país podría superar la barrera de los 50 millones de personas este mismo año.
¿Cómo ha conseguido España ese crecimiento? Si miramos las cifras de nacimientos, no hay una excepción española en comparación con Europa. Entre 2015 y 2025, ha caído la natalidad un 23,5%. Pese a ello, hay algún dato para la esperanza: este retroceso tocó suelo en 2024, dado que el año pasado se registró un aumento de los nacimientos: concretamente, 321.164 bebés, un 1% más que el año anterior. Ahora bien, fue el primer repunte en una década.
Si miramos a las defunciones, el saldo vegetativo no da tregua y es negativo. De ese modo, se registraron 446.982 fallecimientos en 2025, un 2,5% más que el año anterior. En esa línea, muy pocas regiones se salvan de ese decrecimiento natural de su población: Madrid, Murcia y las ciudades autónomas de Melilla y Ceuta. Por su parte, comunidades como Galicia, Andalucía y Castilla y León lideran la clasificación de regiones con un mayor déficit.
De los diez millones de extranjeros que viven en España, se encuentran registrados como ocupados 3,5 millones
Otra circunstancia que concuerda con este escenario es el retraso de la edad de maternidad. Nacieron más niños de madres mayores de 40 años que de menores de 25. En concreto, el 10,4% de los nacimientos corresponden a mujeres de esa edad, frente al 7,8% de 2015.
De tal modo, el crecimiento de población se explica en gran medida por la inmigración, no por un cambio en la fecundidad de los residentes. Los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) indican que más de 10 millones de personas han nacido en el extranjero, un nivel nunca visto.
Empleo e inmigración
La realidad del mercado laboral no escapa a esta situación demográfica. La proporción de población extranjera en una franja determinada de edad, desde 25 a 39 años, refleja la entrada de población en edad de trabajar. En ese rango, prácticamente se llega a la paridad entre población nacida en España y en el extranjero, mientras que si nos fijamos en todos los rangos de edad, la proporción es del 20%.
En Barcelona, incluso se alcanza el 50,6% de población extranjera en las edades entre 30 y 34 años. En Girona ese porcentaje llega al 46,8%, en Lleida al 46% y en Madrid, al 45,3%. Las cifras son similares en esos quince años de diferencias. En este punto, cabe señalar que el INE registra los datos de cinco en cinco años.
En el lado contrario, destacan provincias como Córdoba, Jaén o Badajoz, donde la población extranjera en estos rangos de edad se encuentra alrededor del 10-11%. En rangos de edad más altos, como de entre 55 a 64 años, provincias como Alicante, Santa Cruz de Tenerife o Baleares registran un porcentaje de población extranjera de en torno al 30%.
Más bebés de madres mayores de 40 que de menores de 25: la nueva realidad demográfica
Si cruzamos estos informes con los de empleo, coinciden en términos relativos. En 2025 se crearon 605.400 empleos, según la Encuesta de Población Activa (EPA), hasta alcanzar los 22,4 millones de personas. De esos nuevos trabajos, 258.000 los consiguieron personas nacidas fuera de España. Con esas cifras, los ocupados extranjeros llegaron a 3,5 millones de personas.
Echando la vista algo más atrás, antes de la pandemia, en 2019 había 2,4 millones de ocupados menos, que es un número que prácticamente coincide con ese aumento de población de 2 millones de personas en ese periodo. Asimismo, de ese aumento, 960 mil empleos los capitalizan extranjeros.
España en el contexto europeo
La demografía española no puede entenderse sin situarla en el contexto europeo. España comparte con sus socios comunitarios una tendencia clara: baja natalidad, envejecimiento acelerado y saldo vegetativo negativo. Sin embargo, la intensidad del fenómeno y la forma de compensarlo la distinguen dentro de la Unión Europea.
La tasa de fecundidad en España se sitúa en torno a 1,2 hijos por mujer, claramente por debajo de la media de la Unión Europea, que ronda el 1,4, y muy lejos del nivel de reemplazo generacional, fijado en 2,1 hijos por mujer. España figura así entre los países con menor fecundidad del continente, en niveles similares a Italia. En contraste, Francia mantiene tasas relativamente más elevadas gracias a un sistema de políticas familiares más desarrollado y sostenido en el tiempo. Alemania y varios países del Este también afrontan un fuerte envejecimiento y presentan saldo vegetativo negativo, una realidad cada vez más extendida entre las grandes economías europeas.
Desde la óptica macroeconómica, una mayor población activa implica un mayor PIB potencial. El aumento demográfico también impulsa el consumo interno, que representa un componente clave del crecimiento.
De hecho, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha resaltado que la población extranjera y de doble nacionalidad ha explicado más de un tercio del crecimiento del PIB registrado entre 2022 y 2024. Asimismo, parte del dinamismo reciente del mercado laboral coincide con el incremento de la población, reforzando la conexión entre demografía y expansión económica.
No obstante, la estructura productiva de esta población pone en duda el modelo, al menos según lo revela un informe reciente de Funcas. Existe una elevada concentración de trabajadores extranjeros en sectores como la hostelería, la construcción, la agricultura y los cuidados. En concreto, hablamos de que casi un 19% de los ocupados extranjeros trabaja en hostelería, que destaca por encima de actividades como comercio y reparación de vehículos (12,6%), actividades administrativas (10,4%), construcción (9%) y agricultura (8,6%)
Estos ámbitos absorben buena parte de la mano de obra recién llegada, pero presentan, en términos generales, menor productividad y salarios más ajustados. Esta segmentación laboral requeriría un plan para facilitar la movilidad hacia sectores de mayor valor añadido, dicen en la organización.
La proporción de población extranjera en una franja determinada de edad, desde 25 a 39 años, se acerca al 50% y lo supera en la provincia de Barcelona
En el plano social y urbano, la presión demográfica se concentra en las grandes ciudades y sus áreas metropolitanas. El crecimiento poblacional ha generado un desajuste entre la creación de hogares y la construcción de vivienda. En la capital de España, la evolución demográfica se encontraba relativamente estable, con 6,75 millones de habitantes a finales de 2022. De esa cifra se ha pasado a 7,17 millones de habitantes a 1 de enero de 2026.
Esa subida coincide con el incremento de los precios de la vivienda. La escasez de oferta en determinadas zonas explica parte de la presión al alza en los precios de compra y alquiler. Según diversas fuentes, como Idealista, el Banco de España, Tinsa o el Colegio de Registradores, los incrementos anuales de los últimos años superan el doble dígito. La vivienda se convierte así en uno de los principales vectores de tensión social vinculados al crecimiento demográfico.
Los servicios públicos también experimentan un aumento de la demanda. Sanidad, educación y transporte público afrontan mayores cargas, especialmente en barrios y municipios con fuerte crecimiento poblacional. Por otro lado, esta expansión demográfica es desigual: mientras las áreas metropolitanas crecen, amplias zonas rurales continúan perdiendo habitantes, lo que también influye en esos servicios públicos.
Por su parte, las infraestructuras urbanas fueron diseñadas para escenarios de menor crecimiento. El nuevo contexto obliga a replantear inversiones en transporte, vivienda pública, infraestructuras hídricas y equipamientos sociales. También exige revisar los sistemas de financiación municipal para adaptarlos a una población que ha aumentado con rapidez y cuya composición es más diversa.
