El reciente Real Decreto-ley que establece la revalorización de las pensiones para 2026 ya está en vigor desde este miércoles, después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Aprobado por el Consejo de Ministros, el decreto tiene efectos retroactivos desde el 1 de enero y se espera que su convalidación en el Congreso suceda en los próximos días sin mayores inconvenientes, dado el apoyo de la mayoría de los grupos parlamentarios, incluyendo PP y Junts.
Las pensiones contributivas y de clases pasivas experimentarán un aumento del 2,7% este año. En contraste, las pensiones mínimas y las pensiones con cónyuge a cargo o de viudedad con cargas familiares se incrementarán un 11,4%, beneficiando a una parte significativa de los casi 13 millones de beneficiarios actuales. Según estimaciones del Ministerio de Inclusión, este ajuste permitirá que una pensión media de jubilación aumente aproximadamente en 570 euros al año, mientras que las pensiones medias del sistema crecerán cerca de 500 euros anuales.
De igual modo, las pensiones mínimas subirán un 7,07%, alcanzando nuevas cuantías para 2026. Por ejemplo, la pensión mínima de jubilación en hogares unipersonales aumentará a 13.106,80 euros anuales.
Además de la revalorización de las pensiones, el decreto contempla varias medidas adicionales. Entre ellas:
- La congelación de las cuotas de autónomos para 2026.
- Ampliación de 10 años para préstamos concedidos a la Seguridad Social.
- Compatibilidad de la pensión contributiva de jubilación con el trabajo para ciertos profesionales de salud del Sistema Nacional de Salud.
Se menciona también la actualización del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), aumentando su aportación al 0,9% para 2026, y la cuota de solidaridad para ingresos superiores a la base máxima de cotización, que será del 1,15%, el 1,25% y el 1,46% según el tramo salarial correspondiente.
La decisión de separar la revalorización de las pensiones del escudo social asegura la convalidación en el Congreso
Esta estrategia política responde al veto que sufrió el decreto ómnibus a finales de enero, armado por PP, Vox, Junts y UPN, donde se incluían tanto la revalorización de las pensiones como el escudo social.
