El reciente informe elaborado por el centro de análisis Fedea pone de relieve una preocupación creciente para las finanzas de las comunidades autónomas españolas: el pago de intereses por su deuda se incrementará de forma notable en los próximos años, superando con creces el ritmo de crecimiento del propio endeudamiento. Según las proyecciones presentadas este martes, en 2028 las autonomías deberán abonar por intereses un 50% más que en la actualidad. Si se toma como referencia el año 2022, cuando el Banco Central Europeo (BCE) puso fin a los tipos negativos y cerró el grifo de liquidez, el salto resulta todavía más drástico: de los 3.608 millones de euros desembolsados entonces se pasaría a 11.789 millones en solo seis años, triplicando así la factura.
Los autores del estudio, Manuel Díaz y Carmen Marín, señalan que sus estimaciones se han realizado bajo supuestos conservadores respecto a la coyuntura actual y con un enfoque relativamente optimista en cuanto al comportamiento fiscal de las comunidades. No obstante, advierten que la tendencia viene marcada por un deterioro de las cuentas autonómicas que se arrastra desde la crisis financiera de 2008, impulsado por presiones al alza en el gasto y agravado por la política monetaria restrictiva que se espera continúe en los próximos años. El resultado es que, aunque el volumen de deuda autonómica crecerá, lo hará a un ritmo mucho menor que el de los pagos por intereses.
El tipo medio de la deuda autonómica, calculado como el ratio entre los intereses pagados y el total de deuda, ha pasado del 1,1% en 2022 al 2,2% en 2024, y podría situarse en torno al 3,2% en 2028. La evolución no será homogénea entre territorios: Asturias podría alcanzar casi el 5% debido a su elevada proporción de préstamos a tipo variable, lo que ha encarecido su financiación. Canarias y Castilla y León llegarían a tasas cercanas al 4%, mientras que La Rioja registraría el tipo más bajo, con un 2,3%.
En términos absolutos, Cataluña y la Comunidad Valenciana seguirán encabezando la lista de territorios con mayor carga de intereses, en gran parte por su elevado endeudamiento. Cataluña pasaría de pagar cerca de 1.000 millones en 2022 a casi 1.800 millones en 2028, un incremento del 74%. La Comunidad Valenciana multiplicaría por más de cuatro su factura, alcanzando 1.569 millones. Sin embargo, el mayor aumento porcentual lo protagonizaría La Rioja, con un 739% más, aunque su coste total seguiría siendo el más bajo debido a su reducida deuda.
En lo que respecta al volumen total de deuda, este se incrementaría un 14,5% entre 2022 y 2028, hasta rozar los 363.000 millones de euros. No obstante, si se mide la deuda como porcentaje del PIB, la ratio bajaría del 23,9% al 19,1%, impulsada por un sólido crecimiento económico. Esta aparente mejora, sin embargo, no oculta el problema de fondo: el rápido aumento de la carga financiera por intereses.
El estudio, elaborado con datos del Banco de España, la Autoridad Fiscal (Airef), el Ministerio de Economía y el de Hacienda, se basa en un escenario de "políticas constantes", sin considerar ajustes futuros ni la posible quita parcial de deuda autonómica que el Gobierno ha pactado con Cataluña y que podría extenderse a otros territorios de régimen común. Para calcular los intereses se ha tomado como referencia el bono soberano a 5-7 años de junio de 2025 (2,5%) para cubrir desfases presupuestarios, y un diferencial medio histórico del 1,7% para nuevas emisiones.
Con todo, Fedea advierte que la ratio deuda/PIB autonómica podría reducirse hasta el 19% en 2028, pero los gastos por intereses se habrán más que triplicado en solo seis años. Este escenario obligará a destinar cada vez más recursos al servicio de la deuda, en detrimento de otras políticas públicas. Por ello, se insta a los gobiernos regionales a actuar con prudencia, evitando reducciones de impuestos o proyectos de gasto de dudosa rentabilidad social que puedan comprometer la sostenibilidad de sus finanzas.
Pese al crecimiento económico previsto, la advertencia es clara: el coste de la deuda se convertirá en uno de los principales condicionantes de la acción política autonómica en los próximos años, y la gestión financiera responsable será clave para evitar tensiones presupuestarias más severas.
La deuda pública alcanza un récord de 1,668 billones, hasta el 103,5% del PIB en el primer trimestre
