Las reclamaciones contra los bancos por el uso de tarjetas de crédito ‘revolving’ han experimentado un notable incremento del 125% en el primer semestre en comparación con el año anterior, según los datos facilitados por reclamador.es. Esta cifra indica un alto nivel de descontento entre los consumidores, muchos de los cuales aún desconocen que poseen este tipo de tarjetas y que pueden reclamar y recuperar los intereses abusivos pagados desde su contratación.
Uno de los aspectos preocupantes que se desprenden de las reclamaciones es la forma en que estas tarjetas se comercializan. Según reclamador.es, frecuentemente se ofrecen en sitios estratégicos como stands en centros comerciales o durante el pago en tiendas reconocidas y gasolineras. En estas situaciones, se enfatizan únicamente las ventajas aparentes, como descuentos y bonificaciones, mientras que se omiten aspectos críticos como los elevados intereses y comisiones.
El Banco de España define las tarjetas ‘revolving’ como instrumentos que permiten disponer de un límite de crédito que se puede devolver en cuotas periódicas, las cuales pueden cambiar dentro de algunos mínimos establecidos. La deuda se renueva mensualmente, lo que significa que, aunque se paguen cuotas, estas pueden ser insuficientes comparadas con el total adeudado, generando así una mayor carga de intereses a largo plazo.
Esta peculiaridad tiene sus consecuencias. Por una parte, si se paga una cuota mensual baja respecto al importe de la deuda, la amortización del principal se realizará a un plazo muy largo, lo que puede derivar en que tengas que pagar muchos intereses
Además, la falta de un cuadro de amortización fijo dificulta la planificación para los consumidores, ya que los pagos y la deuda total pueden variar mensualmente.
El aumento en las reclamaciones sugiere que estas podrían aumentar aún más en los próximos años, convirtiéndose en uno de los principales conflictos judiciales entre entidades bancarias y clientes. En este contexto, reclamador.es señala que la cantidad media recuperada por reclamación asciende a 3.315 euros, aunque en algunos casos supera los 10.000 euros. La expectativa es que más consumidores se den cuenta de los inconvenientes asociados a estas tarjetas y tomen medidas legales para recuperar sus fondos.
