El Ministerio de Función Pública, junto con los sindicatos UGT y CSIF, ha alcanzado un acuerdo plurianual para aumentar los salarios de más de tres millones de funcionarios en un 11% durante el periodo 2025-2028. CCOO aún está pendiente de evaluar el acuerdo. Este pacto contempla un alza salarial distribuido de la siguiente manera: un 2,5% en 2025, un 1,5% en 2026 con un posible adicional del 0,5% vinculado al IPC, un 4,5% en 2027 y un 2% en 2028, según informan fuentes sindicales.
La subida del 2,5% para 2025 se abonará en diciembre de ese año con efectos retroactivos desde el 1 de enero. Para 2026, se ha pactado un incremento fijo del 1,5%, con la posibilidad de sumar un 0,5% adicional si la inflación iguala o supera esa cifra al final del año. Este incrementó adicional se abonaría en el primer trimestre de 2027 de forma retroactiva.
El incremento salarial para 2026 es el único que combina una parte fija y variable, mientras que los demás años serán exclusivamente fijos. Aunque el acuerdo establece un alza del 11% en el conjunto de 2025 a 2028, los sindicatos estiman que el aumento salarial acumulado rondará el 11,5% debido al efecto arrastre de los incrementos anuales.
Además de la mejora salarial, el acuerdo incorpora distintas mejoras en las condiciones laborales, como la eliminación de la tasa de reposición, la agilización de los procesos selectivos y el refuerzo de las plantillas de atención al público.
El acuerdo se formalizó tras una nueva reunión, la segunda de esta semana, entre la secretaria de Estado de Función Pública, Consuelo Sánchez Naranjo, y los representantes de los sindicatos CCOO, UGT y CSIF. Desde CSIF, el presidente Miguel Borra ha calificado el acuerdo salarial como «el mejor posible en las actuales circunstancias políticas».
CSIF suscribe este acuerdo por una cuestión de responsabilidad y compromiso con los empleados públicos
Borra explicó que este pacto pone fin a la congelación salarial que afectaba a los funcionarios y recupera el 2,9% del poder adquisitivo perdido. Los sindicatos han acordado también establecer una comisión de seguimiento para asegurar que las medidas pactadas se cumplen, la cual se constituirá en un máximo de 15 días tras la firma del acuerdo. Según CSIF, el acuerdo «no es un cheque en blanco» y garantizarán su ejecución «en tiempo y forma».
