Los incendios forestales en España no solo consumen bosques, cultivos y paisajes, también arrasan con una parte significativa de la economía. Según datos de la Comisión Europea, el coste anual asociado a este fenómeno supera los 71.600 millones de euros, lo que equivale al 4,5 % del PIB. Esta cifra adquiere una dimensión más impactante si se compara con otros presupuestos, ya que duplica con creces el gasto previsto para Defensa en 2025, el cual ronda a 33.000 millones de euros.
El impacto económico es múltiple y se extiende mucho más allá de la extinción de las llamas. Apagar un incendio cuesta en promedio 10.000 euros por hectárea, aunque la cifra varía según los medios empleados. Solo en 2023 se registraron más de 4.300 siniestros que calcinaron cerca de 63.000 hectáreas, lo que exigió una inversión pública de 2.700 millones de euros, equivalente al 0,4 % del gasto estatal. Paralelamente, sectores como la agricultura, la energía, el transporte o el turismo rural soportan un fuerte golpe: en Extremadura, por ejemplo, el coste directo en restauración agraria superó los 15 millones de euros en una sola campaña, a los que se suman hasta seis millones más en pérdidas para el turismo, la hostelería y el comercio. En términos macroeconómicos, las regiones afectadas pueden ver reducido su PIB entre un 0,11 % y un 0,18 % anual.
Mucho gasto en apagar, poco en prevenir
Pese a la magnitud del problema, España sigue destinando menos recursos a la prevención que a la extinción, a pesar de que actuar antes resulta mucho más rentable. En 2025, el Gobierno ha aprobado un plan de 115,8 millones de euros, enfocado en gran medida a tareas preventivas como la limpieza de márgenes de carreteras o el acondicionamiento de infraestructuras ferroviarias. Sin embargo, esta cifra dista mucho de la inversión sostenida que, según los especialistas, sería necesaria para reducir la recurrencia y la virulencia de los incendios.
Las aseguradoras en alerta máxima
El reto no es solo económico, sino también operativo. Los denominados incendios de “sexta generación”, capaces de alterar las condiciones atmosféricas y generar pirocúmulos, están complicando la respuesta de los equipos de extinción y elevando los costes. Expertos advierten que, si la exposición al fuego continúa aumentando, las aseguradoras podrían restringir coberturas, siguiendo el ejemplo de lo que ya ocurre en zonas de alto riesgo en California.
Un gran descenso en la última década
Según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en los últimos años la media de hectáreas quemadas anualmente ascendía hasta las 62.235, un 37% de lo que llevamos hasta la fecha en 2025, unas 39.000.
Es decir, 2025 sería el quinto año con menos hectáreas quemadas de la última década tras 2018 (14.050,78 hectáreas), 2016 (23.931,74 hectáreas), 2020 (28.552,72 hectáreas) y 2024 (35.603,79 hectáreas).
