La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado ha lanzado un enérgico aviso sobre el traspaso parcial de competencias fiscales previsto para enero en Cataluña, al que califican de “irresponsabilidad absoluta” y “actuación inconstitucional”. Su exigencia: que la ministra María Jesús Montero ofrezca una explicación técnica clara o dimita de inmediato.
Imposibilidad técnica y operativa
Según los inspectores, el traspaso no puede ejecutarse de “un día para otro”: trasladar bases de datos, software y personal requiere “años de preparación” y no es un simple movimiento de fichas con el personal, como si fueran “muebles”. Insisten en que, “ni práctica ni técnicamente” se puede aplicar en las fechas previstas y subrayan que “no está garantizada la calidad del servicio público” a los ciudadanos, tampoco a los catalanes.
Alertan de que la fragmentación de la administración tributaria supondría una “brecha evidente” en la lucha contra el fraude. Si las competencias quedan divididas entre diferentes administraciones autonómicas, se abren espacios fértiles para la “guerra fiscal”, la deslocalización empresarial y fraude masivo de facturas falsas o vía “testaferros”. La institución rechaza la comparación simplista con el modelo vasco-navarro: ambas autonomías no aportan recursos al sistema de pensiones, lo que, según los inspectores, implica una carga financiera para el resto de los contribuyentes del país.
El acuerdo entre el Gobierno y la Generalitat deja múltiples flecos sin definir, como son las propias condiciones de transición, lo que ha llevado a los inspectores a tacharlo de “autolimitado” y “lleno de inconcreciones”. Explican que para llevar a cabo este traslado se tardarían al menos 4 ó 5 años y una implementación gradual comenzando por el IRPF. En ese sentido, creen que el pacto evita concretar demasiado para que en 2026 no se haga "el ridículo" con un sistema tributario a medio hacer.
Además, advierten de la existencia de “resquicios legales” que podrían devenir en una “litigiosidad preocupante”. Desde su posición, la IHE no cuenta con “amparo legal” suficiente para presentar recursos, pero reiteran su disposición a asesorar a las comunidades autónomas y movilizarse en defensa del interés general.
Exigen explicaciones y piden rectificación inmediata
“Se ha iniciado un camino sin retorno”, alertan los inspectores, que denunciaron la falta de diálogo previo con Montero y han solicitado una reunión para trasladar sus inquietudes.
Pese a las críticas, reconocen que el sistema de financiación territorial requiere de una revisión. Como alternativa, sugieren diseñar un reparto equitativo entre el Estado y las comunidades autónomas, respetando las singularidades territoriales, en lugar de desmontar el sistema actual. Reclaman armonización de impuestos básicos, coordinación eficaz para evitar la competencia fiscal y asegurar servicios públicos en igualdad para todos los ciudadanos.
