Cataluña tendrá una financiación singular con respecto al resto de España. Al menos esa es la base del acuerdo entre la Generalitat de Cataluña y el Gobierno de España, si bien la nota dominante de ese papel es más bien una declaración de intenciones que un compromiso formal, con plazos y posiciones concretas.
La Asociación de Inspectores de Hacienda advierte de que, pese a la ambigüedad del acuerdo y la falta de transparencia, esto supone sentar las bases. Asimismo, avisan de que, una vez se inicie el proceso, no tendrá vuelta atrás. Esto lo han dicho durante una rueda de prensa en la que no han ahorrado calificativos para el despropósito que supone este plan entre las dos administraciones.
Ana de la Herrán, presidenta de la asociación, critica que este plan se presenta sin que medie "ningún argumento de carácter técnico que justifique este acuerdo". En su opinión, el Ministerio de Hacienda tendría que haber explicado los pormenores. Es por ello que de la Herrán exige la dimisión de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
En palabras de Antonio Morales, el secretario de la organización, el acuerdo supone un "ataque total a la cohesión fiscal del Estado" y que "vulnera los principios constitucionales de igualdad entre todos los españoles y de solidaridad interterritorial", que en la práctica se traduce en la "quiebra del sistema".
Esta reforma del sistema "por la puerta de atrás" se califica de anticonstitucional e ilegal, dado que no existen los principios jurídicos que sustenten los compromisos a los que han llegado el Gobierno y la Generalitat. En concreto, la IHE concreta que con este tratamiento fiscal a Cataluña "se da un trato privilegiado con respecto a las otras comunidades autónomas". En ese aspecto, es incompatible que se dé la bilateralidad y la multilateralidad a la vez, dicho de otro modo, que el resto de territorios acepten de buena gana este cambio.
Gobierno y Cataluña acuerdan financiación basada en ingresos, sin fechas ni cifras concretas
A falta de más detalles, dado que este pacto puede ser tildado de "opaco" por parte de los inspectores de Hacienda, "una agencia tributaria catalana daría lugar a la desaparición de Hacienda en Cataluña. Esto plantea varios problemas, como la duplicación del sistema, lo que se antoja ineficiente, puesto que habría que crear una estructura informática paralela a la estatal. Por no hablar de los retos en materia laboral, de cara a recolocar el personal de la Hacienda española, así como a crear de cero un sistema idéntico catalán.
José María Peláez, portavoz de la asociación, incide en la ruptura de los principios que facilitan una buena gestión: en la práctica, una sola Agencia Tributaria permite administrar de forma más rápida y eficiente, tanto en lo que corresponde a la información como a la posterior aplicación económica.
Imposible trasladar el IRPF en 2026
Estas ineficiencias son parte del problema, que se suman a las escasas ventajas que observan los inspectores. Es decir, diferencian entre una mayor disponibilidad de fondos y una mejora de los servicios públicos. Que exista una Hacienda catalana con más fondos no se tendría por qué traducir en mejores hospitales, por ejemplo, ya que en momentos recientes se ha identificado que estos fondos se utilizaban para otras cuestiones, como la creación de embajadas u oficinas catalanas, dicen desde IHE.
Por otro lado, el pacto contempla que el IRPF se traslade desde 2026 a Cataluña, algo que resulta "imposible", dicen los técnicos. "Es imposible que el 1 de enero se supla lo que hace la Agencia estatal en Cataluña. Hablamos de un traspaso de los medios humanos y tecnológicos a lo bestia, sin contar con nadie y sin ver la situación de los 4.400 trabajadores", critica Peláez.
Asimismo, aunque en el pacto se contempla la posibilidad de que el modelo se traslade al resto de regiones, en la práctica sería inconcebible, dado que Cataluña pasaría de gestionar 26.000 millones de euros a 53.000 millones. Si el total son 250.000 millones de euros de recaudación, el resto de regiones tendrían que quedarse con asignaciones más pequeñas que las que tienen ahora. "Habría ciudadanos de primera y con una financiación muy superior a la del resto de ciudadanos", pese a que haya compromisos preliminares para crear fondos alternativos en el Estado.
Esto se puede ver en el caso de la DANA de Valencia, donde el Estado ha tenido que aportar 15.000 millones de euros en ayudas. Si toda la recaudación se repartiera directamente a las CCAA, desde el Estado no habría habido capacidad para hacer esa aportación y se habría tenido que recurrir a la deuda, defienden en IHE.
