El Consejo General de Economistas (CGE) estima que el Producto Interior Bruto (PIB) de España crecerá en 2024 un 1,6%, tras el "positivo" crecimiento en 2023 (2,5%), aunque han alertado de que se pronostica una cierta ralentización de la economía en los próximos meses.
"El fuerte crecimiento (0,6%) del último trimestre del año hace que 2024 arranque con una inercia y una tracción positivas", han señalado los economistas en su 'Observatorio Financiero' del tercer cuatrimestre de 2023, presentado este lunes.
Pese a este positivo arranque de año, los economistas han advertido de que se debe tener en cuenta el entorno geopolítico incierto por los conflictos bélicos en Ucrania y Oriente Próximo, "que pueden derivar en tensiones en el comercio provocando que la inflación no se modere".
Las previsiones apuntan a la moderación del Índice de Precios al Consumo (IPC) medio al 3,2% en 2024, aunque han advertido de que esta proyección puede quedarse corta dependiendo de que el conflicto del Mar Rojo que afecta al precio de los fletes de energía y materias primas persista o se agrave.
A nivel interno, los economistas han señalado que los riesgos para la economía española pasan por el incremento de los precios y por tanto de los costes empresariales, la productividad que no despega y la persistente sequía, especialmente grave en algunas zonas de España, que afecta fundamentalmente al sector agrícola y al turístico.
El Consejo estima un descenso de la tasa de paro hasta el 11,7% este ejercicio, mientras que en el plano fiscal, las previsiones de los economistas son más pesimistas que las del Gobierno, ya que no prevén que el déficit público se modere al 3% este año para cumplir con las reglas fiscales.
Estiman que el déficit terminará 2024 en el 3,4% porque "no se van a mantener los ingresos de 2023 debido a un menor crecimiento económico". De su lado, proyectan que la deuda se situará en el 106,6% del PIB a finales de año.
Se aviva el debate de la productividad
El presidente del Consejo General de Economistas de España (CGE), Valentín Pich, ha explicado que el informe del Observatorio Financiero y Claves económicas del tercer trimestre presentado este lunes traslada una foto fija que en principio podría verse en términos positivos, aunque va a depender mucho de las próximas decisiones.
Siendo cierto que el crecimiento del PIB en España está en el terreno positivo, que la tasa de inflación general continúa bajando, aunque lentamente, y que el mercado laboral ha mejorado, no deja de ser menos cierto que, tanto la Comisión Europea como distintos organismos internacionales prevén para este año y próximos unas tasas de crecimiento menores para prácticamente todos los países, incluido España.
Por todo ello, Pich ha hecho un llamamiento a tener muy en cuenta todo el entorno geopolítico, que puede derivar en tensiones adicionales que hagan empeorar las previsiones.
De su lado, el director del Servicio de Estudios del CGE, Salvador Marín, ha resaltado que "en este cuatrimestre los índices adelantados apuntan, claramente, una cierta ralentización en los próximos meses, por lo que parece sensato que se ponga el foco en intentar que estos pronósticos no se confirmen".
Así, Marín ha apuntado que "tanto el coste laboral unitario real, como los datos de productividad por hora trabajada de este último cuatrimestre, son señales que podrían ir adelantando cierta tensión futura, por sus efectos en cadena.
En su intervención en la presentación del informe, la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la Junta de Andalucía, Carolina España, ha manifestado que "en sólo cinco años se ha obrado un imposible, que Andalucía empiece a remontar la posición de cola en la que parecía inevitablemente sumida".
"Nadie puede poner en duda que Andalucía está hoy mucho mejor que hace cinco años; nuestras políticas han contribuido a que las empresas creen empleo y se reduzca el paro en 5 puntos desde que Juanma Moreno es presidente de la Junta de Andalucía", ha destacado.
Ha añadido también que los acuerdos bilaterales del PSOE con los nacionalistas catalanes "tiran por tierra los esfuerzos que hacen haciendo las CCAA por generar entornos de estabilidad atractivos para la inversión".
