Las cuentas de las Administraciones Públicas españolas han sufrido por los diferentes shocks que ha vivido nuestra economía en este principio de siglo. Primero la crisis del 2008 y después la de la pandemia han puesto a prueba la sostenibilidad del presupuesto, con sendos incrementos de la deuda hasta llegar al 125% del PIB en el peor momento.
Si bien es cierto que los shocks externos han sido la causa, Cristina Herrero, presidenta de AIReF, recuerda que las Administraciones Públicas españolas están obligadas a adelgazar sus cifras de gasto o, al menos, a cuadrar los números entre gastos e ingresos. Así lo ha dicho durante su participación en la XLI edición de los Cursos de APIE en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.
Para empezar, Herrero pone en duda que lo público pueda ajustarse el cinturón tanto como ha dicho. Poniendo esto en su contexto, desde el Gobierno se vislumbra un déficit del 2,5% del PIB, al menos ese es el objetivo. Por el contrario, desde la AIReF se duda con mucho de ello, puesto que el crecimiento tendencial del gasto llevaría a una tasa, como mínimo, del 3,2%. De esa forma, la diferencia entre ingresos y gastos se encontraría siempre cerca del 3%, pero por encima y no por debajo.
“Se contempla un déficit del 2,5% desde el Gobierno”, ha comenzado la presidenta de AIReF. Sin embargo, teniendo en cuenta que no se prevén medidas adicionales y los compromisos de gasto y “posibles compromisos políticos”, a Herrero “no le sale” ese porcentaje del 2,5% del PIB. “Hay algún elemento que no conocemos”, resalta la experta fiscal.
En ese sentido, incide en que no se trata tanto de una cuestión de ineficiencia, sino de los compromisos adquiridos que tiene la Administración. Entre otros, Herrero cita el incremento del gasto en Defensa, así como los que tienen que ver con Sanidad o con las pensiones. En realidad, el Estado tan solo puede abordar una reducción del gasto en una cuarta parte de su presupuesto, puesto que lo demás está todo comprometido.
Por otro lado, añade una cuestión que puede influir, como es la retirada o no de los tipos impositivos extraordinarios que se han introducido desde 2020, tales como el impuesto extraordinario a la banca o a las energéticas. Por ello, si bien es cierto que este 2024 se estima un déficit del 2,9%, esa cifra se incrementaría en tres décimas para el año que viene, cuando termina la vigencia de dichos impuestos.
En otro orden de cosas, Herrero ha advertido que, pese a los compromisos adquiridos, España debe intentar reducir su desequilibrio fiscal, sobre todo para que la deuda no siga creciendo. De lo contrario, dicho crecimiento puede llevar a unos intereses de la deuda que, en 2050, supondrían el 100% del déficit del Estado.
En todo caso, cree que la política fiscal no debe abordarse como compartimentos estanco, sino como un todo, dado que el gasto que se produce en una parte, se deduce de otra. Como ejemplo, nombra la posible condonación de deuda que se ha nombrado en el debate público. Si bien esa condonación supone un alivio para las Comunidades Autónomas, ello tiene un efecto sobre la Administración Central y, por tanto, sigue contabilizándose como gasto a nivel fiscal.
En ese sentido, preguntada sobre si es viable la creación de un concierto económico para Cataluña, como el que existe para el País Vasco y Navarra, Herrero contesta que tiene serias dudas. “Cuanto mayor sea el peso de una CCAA, más difícil es asumir este tipo de regímenes”, dice Herrero, aunque deja la probabilidad de que suceda en manos de la parte política.
Por último, con respecto a la exclusión de España del procedimiento de déficit excesivo de la Comisión Europea, Cristina Herrero muestra que no supone ninguna sorpresa, en tanto que las cuentas españolas apenas superan el límite por unas décimas el 3% que marca la UE como objetivo.
