El abogado Ibor Fernandes, accionista de BBVA y socio de Statera Legal, ha presentado un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional debido a la consulta pública abierta por el Gobierno el 6 de mayo sobre la OPA que BBVA planea llevar a cabo sobre Sabadell. Esta información fue confirmada en un comunicado emitido por el bufete del que es parte.
Fernandes ha solicitado también una medida cautelar que suspenda la utilización de los resultados de dicha consulta pública. Según el comunicado del bufete, el 8 de mayo se requirió al Ministerio de Economía, Comercio y Empresa la cesación de lo que se considera una «vía de hecho», resaltando que la apertura de la consulta carece de «cobertura legal» y presenta «defectos formales de gravedad». El despacho otorgó un plazo de diez días para atender este requerimiento, el cual no ha sido respondido, lo que ha llevado a la interposición del recurso este lunes.
Se busca evitar la pérdida de la finalidad legítima del recurso
El bufete argumenta que la consulta es «contraria» al principio de igualdad y no discriminación, ya que su formulación varía dependiendo de si el interesado considera que existen criterios de interés general que pueden verse afectados por la operación de BBVA con Banco Sabadell. Además, se menciona que el proceso de cumplimentación del formulario carece de autenticación de identidad, lo que podría infringir la Ley del Procedimiento Administrativo Común.
La firma subraya que esto tiene especial relevancia en un contexto donde hay «intereses en la desestabilización de las democracias occidentales» por actores externos en términos geopolíticos. Asimismo, sostiene que el procedimiento realizado no se corresponde con el que vincula las preguntas formuladas en la consulta, lo que infringe la Ley de Defensa de la Competencia y que la misma «no tiene cabida formal» en el ordenamiento jurídico, dado que no existe un precepto habilitante para su realización.
En resumen, el bufete afirma que este procedimiento podría afectar el interés público al utilizar datos «sin rigor y respaldo jurídico». Además, recalca que se ha vulnerado el principio de igualdad del artículo 14 de la Constitución Española, lo que justifica la necesidad de impugnar la consulta a nivel jurisdiccional y suspender cautelarmente los resultados.
Desde el 5 de mayo, el Ministerio de Economía sigue evaluando la OPA de BBVA sobre Sabadell para decidir si remitir el expediente al Consejo de Ministros, después de que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) diera su visto bueno a la operación bajo ciertas condiciones. Este ministerio cuenta con un plazo de 15 días laborables para tomar una decisión, que vence el 27 de mayo.
El 6 de mayo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció la apertura de una consulta pública para recabar información que ayude al Ministerio a decidir sobre la operación, la cual estuvo abierta hasta el 16 de mayo. Posteriormente, Economía ha estado analizando esos datos y tiene la intención de publicar un informe analítico sobre los mismos en el futuro. Si se decide elevar el expediente al Consejo de Ministros, el Gobierno contará con un mes para analizarlo y determinar posibles requisitos adicionales de interés general.
Economía decide hoy si lleva la OPA de BBVA sobre Sabadell al Consejo de Ministros
