El Gobierno de Argentina ha realizado una petición a la Justicia de Estados Unidos para que suspenda el fallo que ordena la cesión del 51% de las acciones de la petrolera estatal YPF a los fondos Burford y Eton Capital, como parte del pago a los beneficiarios del juicio por la expropiación de la empresa en 2012. Según declaraciones del portavoz del Ejecutivo argentino, Manuel Ardoni, transmitidas a través de su cuenta en la red social X, el Gobierno ya está trabajando en una apelación.
Ardoni ha señalado que la sentencia es jurídicamente inaplicable, explicando que la transferencia de las acciones de YPF requeriría la autorización del Congreso con mayoría agravada, además de argumentar que el fallo ignora la inmunidad soberana del país. «Las acciones no están en poder del Estado ni son legalmente transferibles», añadió, justificando la posición del Gobierno argentino.
El dictamen establece que el Estado argentino deberá depositar las acciones de clase D de YPF en una cuenta de custodia global en el ‘Bank of New York Mellon Corporation’ en los 14 días posteriores a la fecha de la orden.
Este fallo forma parte de un proceso legal en el que Argentina ya fue condenada a pagar más de 16.000 millones de dólares (13.588 millones de euros). Argentina, pese a esto, mantiene desde 2012 control sobre YPF a través de su participación mayoritaria en decisiones clave de la empresa.
La expropiación ocurrida bajo el mandato de Cristina Fernández ha sido el centro de la controversia, ya que los fondos demandantes sostienen que el Estado debió haber ofrecido una adquisición por la totalidad en su momento. En abril de 2024, Burford Capital había solicitado el control de estas acciones, junto con embargo y otras medidas.
