La Comisión Europea ha iniciado acciones legales contra España por su tratamiento fiscal hacia los no residentes, específicamente respecto al impuesto sobre la renta en las viviendas utilizadas como residencia habitual. Según el comunicado emitido este miércoles, el Ejecutivo comunitario considera esta práctica como discriminatoria y perjudicial para la libre circulación tanto de trabajadores como de capitales dentro de la Unión Europea.
Las normativas vigentes en España imponen a los no residentes un impuesto sobre la renta basado en el 2% del valor catastral de sus bienes inmuebles utilizados como hogar habitual. En contraste, los residentes están eximidos de este gravamen sobre propiedades de la misma naturaleza. Esta disparidad ha sido resaltada por Bruselas como uno de los principales motivos de intervención.
Bruselas ha enviado una carta de emplazamiento a las autoridades españolas, solicitando una revisión de las políticas actuales.
España tiene un plazo de dos meses para responder y rectificar las deficiencias señaladas.
De no recibir una respuesta satisfactoria, la Comisión podría emitir un ultimátum final, seguido de la posibilidad de remitir el caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
En este contexto, las autoridades españolas se enfrentan a la tarea urgente de ajustar su legislación para evitar repercusiones legales y financieras a nivel europeo. La resolución de este asunto en el plazo estipulado será crucial para evitar que la controversia escale judicialmente, lo que implicaría un proceso exhaustivo ante el TJUE. Por ahora, resta observar cuál será la estrategia de España ante esta advertencia de Bruselas.
