Los secretarios generales de UGT y CCOO, Pepe Álvarez y Unai Sordo, junto con las federaciones sectoriales de banca de ambos sindicatos, han presentado un escrito dirigido al Ministerio de Economía, encabezado por Carlos Cuerpos, expresando su oposición frontal a la OPA hostil lanzada por BBVA sobre Banco Sabadell. En este documento, los sindicatos han puesto en relieve los riesgos económicos, sociales y laborales que podría acarrear esta operación, señalando que podría resultar en una pérdida masiva de empleo, estimando entre 7.684 y 10.567 empleos directos, con un impacto particular en mayores de 50 años.
El escrito incluye un análisis de la Universidad Autónoma de Madrid, que respalda sus alertas, indicando que la operación no se justifica por razones de eficiencia ni competitividad, y advierte que supondría un grave perjuicio para el conjunto de la sociedad. Se describe la fusión como lesiva para el empleo, el crédito y la cohesión social, con previsiones de cierre de entre 589 y 883 sucursales, cifra que contrasta con la estimación de BBVA, que sitúa el número en unas 300 oficinas. Este cierre impactaría especialmente en la España vaciada, afectando a personas mayores y colectivos vulnerables.
Los sindicatos también han señalado que la operación podría disminuir la oferta de crédito, especialmente para pymes y autónomos, y endurecer las condiciones crediticias, provocando una pérdida de competencia. Según sus afirmaciones, la entidad resultante concentraría, junto con Santander y CaixaBank, más del 70% de los activos bancarios del país, aumentando el riesgo sistémico y debilitando la salud del sistema financiero.
Desde una perspectiva territorial, ambos sindicatos argumentan que la operación socavaría la cohesión social y económica, debilitando el tejido productivo en comunidades vulnerables. La desaparición de un operador clave como el Banco Sabadell en regiones con fuerte implantación, como Cataluña, País Valenciano, Asturias o Murcia, representa una amenaza directa a la pluralidad del sistema bancario y su capacidad para servir a la economía real.
Por último, han criticado la irresponsabilidad empresarial de destinar miles de millones a mejorar la remuneración del accionariado en lugar de reforzar el capital frente a los riesgos del contexto económico internacional. Los sindicatos hacen un llamado al Gobierno para que debe actuar para impedir la operación. Actualmente, esta transacción está siendo analizada por el Ministerio de Economía, que ha abierto una consulta pública para recabar la opinión de los afectados, con un plazo que concluye el 16 de mayo. El Ministerio tiene hasta el 27 de mayo para dictar su decisión, y si se decide proceder, el Gobierno contará con un mes para endurecer las condiciones basándose en intereses generales que trascienden el ámbito de la competencia.
