El Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia (Ceddd) y su asociada Confederación Nacional de Centros Especiales de Empleo (Conacee) han expresado su preocupación por el proyecto de Ley de Economía Social, recientemente aprobado en el Congreso, pero pendiente de debate en el Senado. Esta normativa excluye del reconocimiento como entidades de la economía social a los Centros Especiales de Empleo (CEE) de iniciativa empresarial, que constituyen más del 68% del total y ofrecen empleo a más de 82.000 personas, de las cuales más de 69.000 tienen discapacidad.
El Ceddd ha lamentado que el texto, que enfrentó el rechazo del PP y Vox, avance sin consenso político ni diálogo adecuado con el sector. La organización alerta que la ley podría desarrollar un «monopolio perjudicial para otros CEE», restringiendo las oportunidades de empleo para miles de personas con discapacidad. La legislación también introduce una diferenciación que podría resultar en una «doble banda salarial» y desventajas competitivas para los CEE de iniciativa empresarial en la contratación pública.
El Ceddd considera que se debe garantizar en el Senado la igualdad de trato entre todos los modelos de CEE para proteger el empleo de las personas con discapacidad
Según el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), en 2022 existían 2.417 CEE, empleando a 106.429 personas con discapacidad. De estas, 61.425 trabajaban en centros sin la calificación de iniciativa social. La CONACEE advierte que el cambio propuesto podría dejar sin empleo a decenas de miles de personas, en un contexto donde solo el 25% de las personas con discapacidad en edad laboral tiene empleo.
El presidente de Conacee, Albert Campabadal Blanco, destacó que los CEE no son solo una fórmula empresarial, sino una herramienta social esencial para la inclusión laboral de personas con discapacidad en España.
Por otro lado, la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (Cepes) mostró satisfacción por la aprobación del proyecto, considerándolo un avance para la actualización del marco normativo. Sin embargo, Cepes reconoce que aún quedan pendientes cuestiones importantes de la Economía Social por incorporar.
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) celebró que el proyecto de ley defina los Centros Especiales de Empleo de Economía Social exclusivamente como aquellos de iniciativa social. Según Cermi, esta ley adecua la economía social a la diferenciación establecida en 2017 por la Ley de Contratos del Sector Público, distinguiendo entre centros de iniciativa social y privada. La organización confía en que la ley mantenga sus avances durante la tramitación en el Senado.
