La fotografía que mejor resume la transformación silenciosa del dinero corporativo la tomó Deloitte en su encuesta CFO Signals del segundo trimestre de 2025. El 99% de los directores financieros de compañías con ingresos superiores a mil millones de dólares prevé utilizar criptoactivos a largo plazo, y el 23% planea hacerlo antes de 2027.
Esta ambición resuena con fuerza en la economía española, cada vez más abierta a la digitalización monetaria, y se asienta sobre tres pilares, la regulación europea, el impulso bancario nacional y la madurez de la infraestructura blockchain.
Un mercado cripto en el tablero normativo europeo
La Unión Europea aprobó en abril el reglamento MiCA, y España ha sido de los primeros Estados en transponerlo. La claridad jurídica obtenida reduce el riesgo operativo para los departamentos de tesorería que estudian diversificar liquidez hacia nuevas criptomonedas más allá de bitcoin y ether, siempre que cumplan los requisitos de registro ante la CNMV.
La otra gran palanca es el euro digital que prepara el Banco de España. Una versión electrónica del efectivo, emitida por el banco central, concebida para coexistir con los billetes y reforzar la confianza en los pagos basados en blockchain.
El organismo subraya que la fase de preparación concluirá a finales de 2025, y el Consejo de Gobierno del BCE decidirá si lanza la moneda en 2026. Esta convergencia normativa y tecnológica ha empezado a materializarse en licencias concretas.
El 28 de julio, Bit2Me, con sede en Castellón, se convirtió en la primera plataforma española en obtener el pasaporte MiCA, abriendo la puerta a que bancos y grandes corporaciones operen con criptoactivos bajo un paraguas regulatorio homogéneo en toda la UE.
Su consejero delegado, Leif Ferreira, celebra que la autorización nivelará el terreno de juego con Luxemburgo o Alemania, países tradicionalmente más ágiles en servicios financieros digitales. Para los CFOs españoles, disponer de proveedores nacionales certificados reduce costes de custodia y simplifica auditorías.
Un argumento que en los comités de riesgo pesa tanto como la rentabilidad potencial. Mientras tanto, la gran banca no se queda atrás. BBVA activó en julio el servicio de compraventa y custodia de bitcoin y ether para todos sus clientes particulares en España, tras notificarlo a la CNMV.
La relevancia de la noticia no pasa inadvertida para los directores financieros. El respaldo de un banco sistémico elimina la necesidad de recurrir a plataformas extranjeras y facilita la conciliación contable dentro del marco nacional de Normas Internacionales de Información Financiera. El paraguas europeo se complementa con el apoyo institucional interno.
El Banco de España, además de pilotar el euro digital, ha incorporado un observatorio de activos digitales en su Informe de Estabilidad Financiera, señalando que la exposición directa del sector empresarial se mantiene reducida, pero crece el interés en instrumentos de cobertura.
Esta vigilancia oficial tranquiliza a los consejos de administración, que ven en la transparencia regulatoria un antídoto frente a la volatilidad de 2022. Por primera vez, las start-ups cripto y las blue chips cotizadas comparten agenda. Proyectos de trazabilidad en cadena de suministro, dividendos tokenizados y cuentas por pagar liquidadas en moneda estable.
Buena parte de estas pruebas de concepto cuentan con el asesoramiento de consultoras como Deloitte y EY, pero también con la interlocución de la Asociación Española de Financieros de Empresa (ASSET). La conversación interna, antes marginal, ha pasado a primer plano.
La conclusión de los CFOs es que la regulación y la infraestructura han alcanzado un punto de madurez que permite dar el salto sin desoír los riesgos. MiCA impone requisitos de capital y salvaguarda de fondos para los emisores.
El euro digital proyecta un ancla de estabilidad. Y la banca española proporciona una rampa de acceso que no existía hace apenas dos años. El debate, por tanto, ya no es si las empresas se acercarán a las criptomonedas, sino cuándo y con qué estrategia lo harán.
Infraestructura, riesgos y oportunidades
La conversación sobre cripto ya no se limita a los foros de innovación, se ha trasladado a los comités de tesorería y a las juntas de las grandes firmas españolas, impulsada por una oferta bancaria que apenas existía hace dos veranos.
Ese sostén institucional reduce de forma drástica el riesgo operativo percibido por los directores financieros y acerca la criptoeconomía a las políticas de tesorería tradicionales. Los grandes bancos, entre ellos Openbank y Cecabank, se han apresurado a ofrecer bóvedas digitales que cumplen esos estándares, en alianza con el ‘exchange’ Bit2Me.
Para los CFOs, disponer de una cuenta ómnibus en euros y otra en cripto dentro de la misma entidad permite arbitrar liquidez en ambos mundos sin fricciones contables. Sin embargo, el interés no se centra sólo en la inversión.
La cadena de pagos internacionales, especialmente en Latinoamérica, donde operan muchas multinacionales españolas, se ha convertido en el primer caso de uso tangible. España es la única economía de la UE donde Ethereum supera a Tron como red preferida para liquidar stablecoins, gracias a la afinidad de los bancos locales con su lenguaje de contratos inteligentes.
Los responsables de tesorería valoran, sobre todo, la reconciliación automática y el cierre de divisa instantáneo, algo que las pólizas de cobertura FX no siempre garantizan. La adopción corporativa va más allá del puro “cash management”.
En el sector energético, Iberdrola lleva desde la primavera verificando en blockchain la procedencia 100% renovable de cada kilovatio hora que entrega a sus clientes industriales. Repsol, por su parte, digitaliza activos de baja huella de carbono.
Estos pilotos demuestran a los CFOs que la tecnología no sólo sirve para invertir excedentes de caja. También recorta costes de auditoría, acelera el flujo de caja y mejora la trazabilidad de la cadena de suministro. El termómetro de la adopción sube cada trimestre.
