El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha avanzado en su estrategia hacia la sostenibilidad energética mediante la aprobación de la segunda convocatoria de los programas Repotenciación Circular (Repoten 2). A través del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), se han asignado 292 millones de euros del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), procedentes de los fondos NextGenEU. Las solicitudes para acceder a estas ayudas podrán realizarse del 15 de enero al 24 de febrero.
El objetivo principal de esta línea de ayudas es aumentar la eficiencia energética y reducir el impacto ambiental de las infraestructuras energéticas en España. En esta segunda edición, se destinarán recursos para la renovación de parques eólicos antiguos y la modernización de instalaciones hidroeléctricas, procurando una repotenciación de al menos 750 megavatios (MW) eólicos y la mejora de unos 115 MW hidroeléctricos. Además, se prevé incrementar la capacidad de almacenamiento en 130 megavatios hora (MWh).
Una de las novedades más notables de esta convocatoria es la flexibilización de las condiciones para incluir almacenamiento hibridado en los proyectos. Este cambio incentivará no solo la repotenciación eólica, sino también la mejora tecnológica y ambiental de las plantas hidroeléctricas, que ahora podrán recibir apoyo para potencias de hasta 50 MW en lugar de los 10 MW de la primera edición.
252 millones de euros se destinarán al programa de repotenciación de parques eólicos, mientras que los 40 millones restantes irán al programa de modernización de plantas hidroeléctricas
En la edición anterior, las ayudas se centraron en proyectos de reciclaje y tratamiento de palas eólicas. Sin embargo, el nuevo programa Renocicla, con una dotación de 100 millones de euros, cubrirá ahora estas áreas, habiendo finalizado su plazo de solicitudes este mes de septiembre.
El IDAE gestionará las subvenciones bajo un régimen de concurrencia competitiva. Los proyectos deberán cumplir con el principio DNSH de «no causar un daño significativo» al medioambiente. Los criterios de evaluación priorizarán la reducción de la ayuda solicitada, la viabilidad administrativa, el grado de innovación, y la ubicación en zonas de Transición Justa y Reto Demográfico, entre otros factores.
Se estima que las iniciativas seleccionadas se ejecuten antes del 30 de junio de 2030, aunque existe la posibilidad de ampliación hasta el 31 de diciembre de 2030. Esta extensión está contemplada en la reciente Orden ministerial que adapta las bases reguladoras de diversos programas de incentivos del PRTR en consonancia con los criterios de la Comisión Europea.
