El Instituto de Consejeros Administradores (IC-A) ha solicitado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que indague si la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), CriteriaCaixa y el operador saudí STC están obligados a lanzar una oferta pública de adquisición (OPA) sobre el 100% de las acciones de Telefónica. Esta petición se produce en un contexto de cambio en la alta dirección de la teleco, tras la reciente salida de José María Álvarez-Pallete como presidente y el nombramiento inmediato de Marc Murtra, ex presidente de Indra, el pasado 18 de enero.
El IC-A considera esencial que la CNMV examine si el cese de Álvarez-Pallete y el nombramiento de su sucesor son indicativos de una acción concertada para tomar el control de la compañía. Según el comunicado de la entidad, el IC-A subraya que:
el cese del presidente ejecutivo de Telefónica y el nombramiento inmediato de su sustituto podrían constituir una acción concertada dirigida a obtener el control de la sociedad
En este sentido, es relevante recordar que el Gobierno, a través de la SEPI, posee un 10% de Telefónica, mientras que CriteriaCaixa tiene un 9,99% y STC un 9,97%. Sin embargo, este último aún no tiene representación en el consejo de administración de la empresa, ya que su participación directa es del 4,9% y el resto se encuentra estructurado mediante derivados financieros.
La asociación también enfatizó que desde la reforma de la Ley del Mercado de Valores en 2023, se ha aclarado que el control de una sociedad puede llegar a ser alcanzado mediante «pactos de otra naturaleza». Además, solicitó a la CNMV que investigue si existía, antes de la salida de Álvarez-Pallete, «una situación de controversia o bloqueo en materia de estrategia» en el consejo de Telefónica.
En un llamado más amplio, el IC-A ha instado a modificaciones en el código de buen gobierno corporativo para las sociedades cotizadas y ha pedido que las decisiones sobre nombramientos de consejeros sean de competencia exclusiva de la junta general de accionistas, evitando la cooptación en la toma de decisiones.
El IC-A ha demandado también “ejemplaridad” al Gobierno en su papel como accionista en empresas cotizadas, instando a que se garantice que los administradores designados cuenten con las competencias y la profesionalidad necesarias.
Marc Murtra se enfrenta a esta situación en Telefónica tras haber vivido un proceso similar en Indra en 2022, cuando el IC-A solicitó una OPA tras una controvertida junta general de accionistas que resultó en el cese de varios miembros del consejo de administración.
