El debate sobre la compra de petróleo cobra relevancia en España frente al actual contexto geopolítico. Juan Bravo, vicesecretario de Economía del Partido Popular y diputado en el Congreso por la circunscripción de Sevilla, ha manifestado sus dudas en un reciente encuentro con la Confederación de Empresarios de Jaén (CEJ). Durante estas declaraciones, Bravo cuestionó «si la mejor política es comprar en Rusia o en otros sitios», en respuesta a la intención de Estados Unidos de adquirir petróleo ruso debido al cierre del Estrecho de Ormuz tras el ataque a Irán.
Bravo sugirió la posibilidad de gestionar la situación «vía Venezuela», teniendo en cuenta que empresas españolas están involucradas en el país sudamericano. Según el dirigente, «son los técnicos los que lo tienen que decidir», pero instó a España a desarrollar planes B y C. En este sentido, recordó la reciente liberación de reservas de petróleo por parte de 32 países, incluida España, que pueden durar 90 días. Insistió en la importancia de «no esperar al día 89» para decidir las próximas acciones.
El conflicto también tiene impactos económicos significativos. Bravo mencionó un estudio que estima que la economía española ha enfrentado un costo extra de más de 3.000 millones de euros tras el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel a Irán.
Hay que tener el plan B
El dirigente del Partido Popular destacó la presión en áreas como el sector agrícola y olivarero en Jaén. Resaltó que «hay agricultores y ganaderos que no están haciendo las labores que tienen que hacer porque no se pueden permitir llenar un depósito a 300 euros». Con respecto a las medidas gubernamentales para contrarrestar los efectos económicos del conflicto, Bravo criticó la falta de acción del Gobierno de España, mientras que países como Portugal e Italia ya han implementado medidas concretas. Agregó que el gobierno actual solo «recauda más» debido al incremento del precio de la gasolina.
Finalmente, Bravo recalcó la posible oportunidad que representa Mercosur, siempre y cuando se acompañe de una inversión de 45.000 millones y se reduzcan trabas administrativas y burocráticas, al tiempo que se implementan mayores controles fronterizos para garantizar equidad competitiva.
