El Tribunal Supremo ha determinado nuevamente que el cálculo realizado por el Gobierno para el rescate de algunas autopistas que quebraron durante la crisis financiera de 2008 es incorrecto. Precisamente, una sentencia de la Sala de lo Contencioso, fechada el 28 de enero de 2026, ha anulado la última resolución del Ejecutivo en relación con las autopistas radiales R-3 y R-5 de Madrid. Este fallo establece que el Gobierno debe recalcular el pago a las concesionarias, estimado previamente en 570 millones de euros.
La sentencia es una respuesta al segundo cálculo del Gobierno, que ya había incrementado en 451 millones de euros la cifra inicialmente establecida después de que sentencias previas del Supremo anularan la fórmula inicial por incumplir la normativa vigente. Aunque en esta ocasión, el órgano judicial no se centra únicamente en la cifra monetaria, sino que urge al Gobierno a emitir una resolución definitiva.
El objetivo principal es que se pague todo lo que se debe a la concesionaria y se eviten más retrasos en las resoluciones definitivas
Para poner en contexto, en 2019 el Gobierno aprobó un plan para gestionar el proceso de indemnización a todas las concesionarias afectadas, dado que el Estado asumió el control de sus infraestructuras y debía compensar las inversiones realizadas por dichas empresas. Este plan especificaba la presentación de una resolución inicial, una complementaria y una definitiva, con un plazo de seis meses entre cada una.
Hasta la fecha, el rescate de las nueve autopistas involucradas ha requerido un desembolso por parte del Estado de 1.684 millones de euros. No obstante, este es un costo provisional, ya que la mayoría de las autopistas aún están en la fase de la segunda resolución. A modo de ejemplo, por la R-4 se han pagado 134 millones, mientras que la R-2 todavía presenta un coste provisional de cero euros.
Las autopistas R-3 y R-5, en particular, formaban parte de una única concesión otorgada en 1999 a un consorcio compuesto por ACS, OHLA, Sacyr y FCC, adjudicada por 50 años. Estas vías estuvieron operativas desde 2004, pero en 2012 entraron en concurso de acreedores, con fondos como TDA, Bothar y Kommunalkredit haciéndose cargo de la deuda para garantizar las futuras indemnizaciones estatales.
