El Tribunal de Cuentas presentará este jueves al Congreso y al Senado su último informe sobre el coste de los recursos públicos empleados en el proceso de reestructuración bancaria, que a fecha de 1 de enero de 2022 se elevaba a 71.833 millones de euros. Este montante supone un incremento de 5.256 millones de euros respecto al cálculo anterior del organismo. La presidenta del Tribunal, Enriqueta Chicano, expondrá los detalles de este informe a la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas.
Se trata del informe de fiscalización de las actuaciones del Fondo de Reestructuración Bancaria (FROB) y del Banco de España en la fusión entre CaixaBank y Bankia, así como de la situación del proceso de reestructuración bancaria a 31 de diciembre de 2021. Aunque el organismo venía actualizando la cifra del rescate, en este documento tuvo en cuenta el impacto de la fusión entre Bankia y CaixaBank en noviembre de 2021. En la evaluación anterior, Bankia era la única entidad de crédito reestructurada aún participada por el FROB.
Gracias a la fusión, el FROB sustituyó su participación indirecta del 62% en Bankia por una nueva participación indirecta del 16,1% en CaixaBank, operación que se llevó a cabo a través de BFA, entidad que posee al 100% y que abarca siete cajas de ahorro españolas.
El coste de 71.833 millones de euros se determinó a partir de los importes de los recursos comprometidos, restando las partidas que representan ingresos, recursos no dispuestos o cancelados y participaciones en capital o créditos que el FROB mantenía a 31 de diciembre de 2021.
La estimación del coste del proceso de reestructuración «no puede considerarse definitiva»
en virtud de ciertas operaciones posteriores a 2021 que podrían alterar esos 71.833 millones de euros. De este coste, 50.622 millones de euros corresponden al FROB, mientras que 21.273 millones de euros son aportaciones de entidades de crédito. También se registró un impacto negativo de 62 millones de euros atribuible al Banco de España.
El Tribunal de Cuentas destacó que el principal componente del coste fue el derivado de las aportaciones al capital y cuotas participativas, que asciende a 52.716 millones, representando un 73% del coste total. En el análisis se destacan los procesos de BFA/Bankia (17.590 millones), Banco CAM (12.560 millones) y NCG (9.229 millones).
El Tribunal también señaló que el FROB, el Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito y el Banco de España han cumplido «adecuadamente» la normativa en sus actuaciones durante los procesos de reestructuración. Además, las medidas de seguimiento y control implementadas han sido en general «adecuadas».
A lo largo del periodo fiscalizado, el FROB y el Fondo de Garantía iniciaron acciones judiciales para recuperar recursos que pudiieran haberse sustraído de forma irregular. Al cierre de 2021, el FROB había recuperado un total de 40 millones de euros a través de ingresos derivados de sentencias y costas, mientras que el Fondo de Garantías ingresó 14 millones de euros por uno de los procedimientos contra directivos de entidades financieras.
Por otro lado, el informe constató que el FROB no tiene un documento estratégico que incluya una planificación integral para llevar a cabo la desinversión en BFA, lo que representa una oportunidad de mejora en sus operaciones. Con el fin de «disminuir la incertidumbre y facilitar la planificación», el Tribunal sugirió que el FROB podría incorporar análisis de diferentes escenarios alternativos en su estrategia de desinversión.
Finalmente, se agregó que tanto el Banco de España como el FROB cumplieron «adecuadamente» con la normativa en el contexto de la fusión de Bankia con CaixaBank, la cual se perfeccionó en marzo de 2021. El Tribunal consideró que se ha cumplido la recomendación hecha al FROB para establecer un sistema de gestión que facilite la verificación de los compromisos establecidos en los convenios relacionados con las contingencias legales.
