El caso contra Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, ha dado un nuevo giro. El juez federal encargado del proceso, James Boasberg, ha decidido suspender las citaciones que el Departamento de Justicia había emitido contra Powell. El juez argumenta que la causa es de naturaleza política y, por lo tanto, levanta serias dudas sobre su legitimidad.
En su razonamiento, Boasberg subraya que existen «una gran cantidad de pruebas» que indican que las citaciones fueron presentadas para presionar a Jerome Powell. La intención, según el juez, era que Powell votara a favor de una bajada de los tipos de interés o incluso que optara por dimitir. Sin embargo, según Boasberg, el Gobierno «no ha aportado prácticamente ninguna prueba» para sospechar que Powell hubiera cometido algún delito.
Sus argumentos son tan endebles e infundados que este tribunal no puede sino concluir que se trata de un pretexto
Estas palabras del juez reflejan la falta de evidencias sustanciales contra Jerome Powell y destacan la naturaleza política del caso, según él.
La investigación fue iniciada a instancias de la Casa Blanca, buscando forzar un recorte de tipos desde la Fed. Sin embargo, esta acción ha generado disenso incluso dentro del Partido Republicano. No todos los republicanos han apoyado la decisión de la Administración Trump de investigar a Powell. Un ejemplo representativo es el senador republicano por Carolina del Norte, Thom Tillis, quien ha hecho una clara advertencia sobre el futuro de la dirección de la Fed.
Tillis ha expresado su desacuerdo con el proceso y ha declarado que bloqueará la nominación del próximo presidente de la Fed, Kevin Warsh, quien fue elegido en enero por Trump, a menos que se ponga fin a la investigación contra Powell. Este desarrollo subraya las divisiones internas y la controversia en curso que envuelven la política monetaria y las decisiones administrativas en los Estados Unidos.
