La oferta pública de adquisición (OPA) de BBVA sobre Banco Sabadell ha mantenido una prima consistente, cerrando el jueves con un 2,11% antes de la conclusión del plazo de aceptación de la oferta. A lo largo de las últimas dos semanas, desde que BBVA mejoró la contraprestación el pasado 25 de septiembre, la prima se ha mantenido en torno al 2%, con momentos en los que se estrechó hasta el 1%.
Este jueves, las acciones de Sabadell cerraron con una caída del 1,69%, a 3,252 euros por acción, mientras que BBVA perdió un 1,80%, cotizando a 16,06 euros por título. XTB, a través de su análisis, señala que estas cifras reflejan que el mercado anticipa la salida exitosa de la OPA. Según sus analistas, al conocerse la oferta, las acciones de Sabadell aumentaron mientras que las de BBVA se ajustaron, un comportamiento habitual que indica una interpretación positiva de la OPA.
El mercado descuenta que la OPA de BBVA sobre Sabadell tendrá éxito
Javier Cabrera, analista de XTB, afirma que la evolución del diferencial de precio de las acciones ha indicado desde el principio que el mercado esperaba un resultado favorable para la OPA. BBVA ofrece una prima aproximada del 40% por Sabadell, lo que ha dejado a los inversores con la sensación de éxito inminente.
Carlos Torres, presidente de BBVA, subrayó a Europa Press que la diferencia en las acciones refleja una gran probabilidad de que la OPA se ejecute favorablemente. Mientras tanto, César González-Bueno, consejero delegado de Banco Sabadell, advirtió sobre el posible impacto de una segunda OPA en la acción de BBVA, señalando que la disminución de la prima a niveles del 1% podría indicar el creciente recelo de los inversores.
Con la oferta de BBVA que intercambia una acción suya por 4,8376 acciones de Sabadell, y a la espera del fin del plazo de aceptación este viernes 10 de octubre, el banco azul busca adquirir la totalidad del capital de Sabadell. La estrategia es realizar una fusión por absorción que convertiría a la entidad combinada en la segunda mayor institución financiera de España, cumpliendo con la condición del Gobierno de mantener la autonomía de gestión y patrimonios separados durante un mínimo de tres años, ampliables a cinco.
