La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de Estados Unidos ha anunciado un cambio significativo en su política respecto a las demandas colectivas. Ahora las compañías cotizadas tendrán la opción de evitar que sus inversores se unan a este tipo de acciones legales. Esta medida representa una ruptura con una tradición de décadas, durante las cuales se había permitido la participación de los inversores en demandas colectivas, una política defendida por Administraciones tanto demócratas como republicanas.
La SEC, liderada por su presidente Paul Atkins, no sancionará a las empresas estatales si optan por prohibir estas demandas, abriendo la puerta a un enfoque basado en el arbitraje. Este nuevo sistema permitirá que las firmas estadounidenses manejen las reclamaciones de los accionistas fuera del sistema judicial, lo cual se alinea con el deseo de la Administración de flexibilizar la normativa legal vigente.
Según el jefe de la SEC, esto «minimizará la incertidumbre regulatoria» y la «complejidad legal» de las operaciones
Esta política se inscribe en el esfuerzo más amplio de Atkins por revitalizar las Ofertas Públicas Iniciales (IPO), con el compromiso de «hacer las Ofertas Públicas Iniciales grandes de nuevo». Para lograrlo, el regulador busca la «eliminación de los requisitos […] que no proporcionen protección sustancial a los inversores», aumentando así el atractivo de las salidas a Bolsa.
El movimiento hacia el arbitraje y la reducción de regulaciones subraya un cambio estratégico en la postura de la SEC bajo la administración de Donald Trump. El objetivo principal es desregularizar el mercado para facilitar el crecimiento económico y reducir las cargas legales para las empresas que buscan atraer capital a través de los mercados públicos. Este cambio promete ser un tema candente entre inversores y reguladores, dado su potencial impacto en la dinámica del mercado y la protección de los derechos de los accionistas.
