El 29 de octubre de 2024 la DANA arrasó buena parte de la provincia de Valencia: más de 100 municipios afectados, miles de viviendas dañadas y un coste multimillonario en infraestructuras y bienes materiales.
Inicialmente, el sector inmobiliario esperaba una sacudida negativa: que los hogares abandonados, los daños visibles y el riesgo latente hundieran el valor de los inmuebles en las zonas más golpeadas. Pero la realidad ha sido distinta.
Estudios preparados por la Asociación de Inmobiliarias de la Comunitat Valenciana (ASICVAL) revelan que en los municipios afectados la vivienda en venta se ha encarecido una media del 18,8 %, mientras que los alquileres han subido un 18,1 %.
En concreto: la demanda de compra se incrementó un 22 % y la de alquiler un 27,1 %, mientras que la oferta cayó un 31,3 % para venta y un 38 % para alquiler.
¿Por qué este fenómeno en medio de una catástrofe que podría parecer lo contrario? La explicación está en la combinación de tres factores: primero, la reducción drástica de oferta -muchas viviendas quedaron temporalmente fuera de mercado o estaban dañadas-; segundo, una demanda que mantuvo fuerza, tanto de vecinos que querían seguir viviendo en su pueblo como de personas que se desplazaban buscando precios más bajos; tercero, una reconstrucción en marcha que ha alimentado la confianza.
Pero no todas las zonas son iguales: mientras algunas localidades alcanzan aumentos del 30 % al 35 %, otras apenas anotan subidas moderadas o incluso estancamiento, dependiendo del nivel de daño y del tipo de vivienda.
En el alquiler la presión también se nota: menos pisos, más demanda y precios al alza que dificultan el acceso a vivienda para los residentes locales.
A nivel global, la magnitud del desastre fue enorme: un informe del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) estimó pérdidas superiores a los 17.000 millones de euros.
Esto abre un debate urgente: ¿cómo incorporar el riesgo cada vez más frecuente de inundaciones al valor real de las viviendas?
Para los habitantes de los municipios golpeados, la paradoja es evidente: la vivienda donde viven ahora “vale más”, pero acceder a una nueva vivienda -o pagar el alquiler- es más difícil. Los ayuntamientos deben manejar no solo la reconstrucción material, sino también evitar que los precios expulsen a parte de su población.
Lo que parecía una amenaza para los precios se ha convertido en una oportunidad para algunos y en un riesgo social para muchos.
